La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió una carta abierta de ex presas y ex presos políticos de la última dictadura cívico-militar en las inmediaciones del domicilio ubicado en San José 1111, donde se encuentra bajo arresto. En el texto publicado por el diario Página|12, el colectivo agradeció a la ex mandataria por haber restablecido la confianza del pueblo en la política y por impulsar políticas de derechos humanos. Asimismo, manifestaron que la persecución judicial en su contra busca disciplinar una experiencia política transformadora.
La senadora provincial y ex detenida María Rosa Martínez fue la encargada de entregar la misiva enmarcada al secretario de la ex presidenta. Poco después, Fernández de Kirchner se asomó al balcón del edificio para agradecer el gesto, saludando a los manifestantes al ritmo de canciones como «Avanti morocha» y «Todo preso es político». Los firmantes trazaron un paralelismo histórico: denunciaron que, si bien las herramientas de castigo del terrorismo de Estado consistían en torturas y aislamiento, hoy las formas del disciplinamiento han cambiado para defender los privilegios de los poderes fácticos.
Por su parte, el periodista Roberto Caballero abordó este encuentro en su editorial para Somos Radio AM 530. Caballero analizó la declaración del colectivo y caracterizó a Fernández de Kirchner como una «presa política» sometida a un disciplinamiento sistemático. Según el conductor, estas medidas representan una «reversión» de las estrategias de persecución histórica que buscan la muerte civil de los dirigentes populares.
El legado de Eduardo Basualdo y la Ley de Sociedades
Más allá de su situación judicial, la ex mandataria trabaja activamente en la redacción de propuestas de carácter legislativo para los próximos meses. Según reveló el periodista Horacio Verbitsky en su columna semanal «La piedra de la locura» para el portal El Cohete a la Luna, Fernández de Kirchner elabora borradores de reforma sobre la Ley de Sociedades. El objetivo principal de esta iniciativa es la institucionalización y regulación de los grupos económicos dentro del marco jurídico nacional.
La propuesta legislativa se fundamenta en los trabajos históricos de Eduardo Basualdo, destacado economista e historiador fallecido en 2024 a los 79 años. Basualdo, exdirector de FLACSO, investigó la estructura del poder económico local junto a especialistas como Daniel Azpiazu, Miguel Khavisse y Pablo Manzanelli. Las bases teóricas de estos borradores apuntan a incorporar formalmente la figura de los grupos económicos en la legislación mercantil, una categoría ausente en la normativa actual pero decisiva en el comportamiento macroeconómico del país.
De acuerdo con el informe de El Cohete a la Luna, legislaciones de esta naturaleza ya rigen en países occidentales como Alemania (desde 1975), Portugal, Italia, España, Suiza, Francia, Noruega, Brasil, México, Colombia y Chile.
Herramientas contra la fuga y el bimonetarismo
La institucionalización de los grandes holdings económicos busca atenuar problemas estructurales como la elusión impositiva, la evasión fiscal y la fuga de divisas. Según las investigaciones presentadas por Verbitsky, desde el golpe militar de 1976 hasta el año pasado se fugaron de la Argentina un total de 436.000 millones de dólares, cifra equivalente a un Producto Bruto Interno (PBI) y medio. En proporción, este volumen representa el triple de la fuga registrada en la economía de Brasil.
La reforma propuesta permitiría fiscalizar:
- Las maniobras de triangulación en el comercio exterior.
- La subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones.
- La manipulación de los precios de transferencia entre empresas vinculadas.
- El funcionamiento de las sociedades offshore en guaridas fiscales.
La implementación de este esquema no contempla la creación de nuevos impuestos ni el aumento de las alícuotas vigentes. De acuerdo con las fuentes del proyecto, la fiscalización mejorada equilibraría las cuentas públicas y aliviaría la carga tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), los trabajadores y la clase media. Se estima que esta regulación afectará únicamente al 3% de las firmas constituidas en el país, seleccionando exclusivamente a los grupos corporativos de mayor rentabilidad que registran menores tasas de tributación efectiva.
Modelos en disputa frente a la desregulación
La iniciativa de Fernández de Kirchner contrasta directamente con las reformas societarias promovidas por la administración del presidente Javier Milei. El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley, redactado por el economista Federico Sturzenegger, que ingresó el 1° de junio de 2026 a la Comisión de Legislación General.
Dicha propuesta gubernamental busca sustituir la Ley de Sociedades N° 19.550 de 1972. El proyecto oficialista plantea una amplia desregulación estatal, otorgando prevalencia absoluta a los estatutos privados por sobre las leyes vigentes. Entre sus puntos más controvertidos, promueve la creación de «sociedades automatizadas«, controladas por algoritmos y carentes de socios humanos, un apartado que ha cosechado objeciones por parte de especialistas de diversas corrientes jurídicas.
