La presencia del buque petrolero de bandera británica VS Promise en el muelle comercial de Ushuaia desató un conflicto de competencias entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la administración nacional. El hecho adquiere relevancia debido a que las instalaciones portuarias locales se encuentran intervenidas desde enero de 2026 por el Ejecutivo de Javier Milei. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) ejerce actualmente la administración directa de la terminal.
La controversia se inscribe en un escenario de superposición legislativa y operativa. Mientras que la normativa de la provincia fueguina prohíbe expresamente el amarre, abastecimiento y permanencia de barcos bajo pabellón británico en su jurisdicción, el buque opera bajo la órbita de autorizaciones concedidas por organismos federales en el puerto bajo intervención.
Los hechos: Ruta y características del VS Promise
De acuerdo con los registros de la plataforma de seguimiento satelital Marine Traffic, el VS Promise recaló en el muelle de Ushuaia luego de operar desde el pasado 13 de agosto en la monoboya de Río Cullen. Esta terminal, ubicada al norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, es utilizada por el consorcio petrolero liderado por la multinacional francesa TotalEnergies para el procesamiento y exportación de hidrocarburos de la Cuenca Marina Austral.
Según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), el VS Promise es un buque tanque tipo Panamax/LR1 construido en el año 2007. Sus dimensiones alcanzan los 228,6 metros de eslora y 32,57 metros de manga, con una capacidad de peso muerto cercana a las 70.000 toneladas métricas que le permite transportar hasta 515.000 barriles de petróleo crudo. La propiedad de la embarcación corresponde a la compañía Valloeby Promise Ltd, con sede en la Isla de Man —territorio dependiente de la corona británica—, bajo la gestión técnica de la firma alemana Hellespont Ship Management.
Los antecedentes: Intervención federal y leyes de soberanía
El muelle donde se encuentra amarrado el tanquero perteneció históricamente a la administración de la Dirección Provincial de Puertos. No obstante, el puerto de Ushuaia fue intervenido a principios de este año por disposición del Gobierno nacional argentino, bajo el argumento de proteger la infraestructura como un «activo estratégico». Esta intervención es objeto de un proceso judicial aún en curso y sin resolución firme en los tribunales.
En el plano local rige una legislación fueguina que prohíbe las operaciones de buques británicos. Esta normativa se fundamenta en la postura constitucional de Tierra del Fuego, que integra en su territorio a las islas Malvinas, actualmente bajo dominio y ocupación militar británica. El arribo del buque al muelle comercial generó que las autoridades locales denunciaran que la intervención nacional de la ANPyN vulnera la soberanía provincial y la legislación vigente.
La trama corporativa e hidrocarburífera
La operación del VS Promise expone además la reconfiguración corporativa en el sector hidrocarburífero del Atlántico Sur. El fletamento del petrolero coincide con la reciente adquisición de los activos de la compañía alemana Wintershall Dea por parte de la firma británica Harbour Energy. De este modo, Harbour Energy se incorporó de forma directa como socia de TotalEnergies y Pan American Energy (PAE) en el consorcio de explotación hidrocarburífera de la Cuenca Marina Austral.
La firma Harbour Energy cuenta con antecedentes comerciales en la región, habiendo liderado proyectos de exploración petrolera en áreas en disputa, específicamente en el proyecto de desarrollo Sea Lion en la Cuenca Norte de las islas Malvinas.
De acuerdo con un informe de la periodista especializada en temas de soberanía del portal de noticias teleSURtv.net, el Reino Unido avanza activamente en el aprovechamiento unilateral de recursos en las Malvinas. El reporte detalla que la corona británica extrae anualmente unas 250.000 toneladas de recursos pesqueros y proyecta iniciar en 2028 la explotación comercial de unos 900 millones de barriles de crudo. Dicho proyecto, liderado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum, estima un volumen de recursos económicamente extraíbles de 313,8 millones de barriles de petróleo a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
La superposición técnica de autorizaciones para el ingreso de barcos añade complejidad al conflicto. Según la información de la agencia de noticias EFE citada en los despachos informativos de teleSUR, la operación del VS Promise en aguas de jurisdicción nacional y provincial requiere de aprobaciones técnicas de la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, la Prefectura Naval Argentina, la Dirección Provincial de Puertos, la Secretaría de Energía de la Nación y la Dirección General de Aduanas. Estos organismos estatales son responsables de autorizar el practicaje, los despachos fiscales y la asignación final del sitio de amarre.
Declaraciones: Demandas institucionales y reclamos de competencias
El Ejecutivo provincial de Tierra del Fuego emitió un comunicado oficial manifestando su enérgico rechazo a la presencia de la embarcación de bandera británica en su puerto capitalino. En el documento, las autoridades fueguinas calificaron de «inadmisible» la presencia de naves del Reino Unido en Ushuaia y exigieron formalmente a la administración nacional de Javier Milei que rinda cuentas públicas sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos aplicados para autorizar la operación de la nave.
Por su parte, Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, declaró en sus redes sociales y ante la agencia EFE que el Gobierno nacional justifica la intervención portuaria en nombre de la soberanía pero autoriza operaciones comerciales con buques de bandera británica. El funcionario apuntó contra la ANPyN y ratificó que la provincia continuará exigiendo judicialmente el cese de la intervención y la restitución de la administración del puerto de Ushuaia a la jurisdicción de Tierra del Fuego.
