La decisión del Gobierno nacional de desmantelar la capacidad operativa de la Base Aeronaval Punta Indio bajo el eufemismo de una «reestructuración» presupuestaria ha desatado una profunda crisis política, social y territorial en el este de la provincia de Buenos Aires. La medida formalizada por el Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Presti, contempla el traslado de la escuadrilla de aviación naval B200 y de la histórica Escuela de Aviación Naval hacia la base Comandante Espora en Bahía Blanca. En términos prácticos, vaciar de aviones el predio equivale a su cierre definitivo, lo que pone en riesgo el principal motor económico y el núcleo identitario de una localidad de apenas 12.000 habitantes.
El costo social de la reestructuración militar
Detrás de las planillas de excel que justifican el ajuste fiscal en el Ministerio de Defensa se esconde un impacto directo sobre la subsistencia de la región. La Base Aeronaval Punta Indio sostiene de manera directa a 185 trabajadores civiles y 300 militares. El traslado forzoso de este personal implicará que unas 500 familias dejen el distrito o deban reconvertir su realidad laboral de forma drástica en medio de una recesión nacional.
Desde una perspectiva económica crítica, el vaciamiento representa un shock de pinzas para la economía local de Verónica y Punta Indio. La masa salarial mensual que genera la base asciende a los 600 millones de pesos. En una comunidad pequeña donde el consumo local ya acusa los efectos de la crisis —con comercios que registran caídas brutales a partir del día 20 de cada mes debido a salarios que no cubren la canasta básica— retirar semejante flujo de recursos equivale a empujar al distrito a una recesión estructural. Emiliano Perlini, presidente del Concejo Deliberante local, advirtió en declaraciones radiales a Somos Radio AM 530 que la medida de la Armada implica «un retroceso de diez años» en el desarrollo de este joven municipio.
Un pueblo movilizado contra el retroceso de diez años
La respuesta comunitaria no se hizo esperar y desbordó rápidamente los cauces institucionales tradicionales. En una convocatoria motorizada el pasado jueves por el intendente local David Angueira, la multitud sobrepasó la capacidad del Concejo Deliberante y debió trasladarse de urgencia al gimnasio del Club Verónica. El encuentro reunió a más de 500 vecinos, lo que equivale a la movilización activa de uno de cada veinte habitantes de todo el distrito en plena jornada laboral.
La asamblea popular evidenció una fuerte cohesión social y territorial. Instituciones intermedias del distrito como bomberos voluntarios, centros de jubilados, sociedades de fomento, la cámara de comercio, sindicatos y los clubes Verónica y Juventus, acordaron conformar una mesa intersectorial para coordinar el plan de resistencia. Entre las medidas de fuerza que se evalúan, y que comenzarán a formalizarse a partir de este lunes, figuran un abrazo simbólico a la base, marchas de protesta hacia la sede del Ministerio de Defensa e incluso el corte de la Ruta Nacional 36. Los pobladores más antiguos evocan la histórica gesta vecinal de 1994 que logró la autonomía municipal, marcando que el sentido de pertenencia territorial es el combustible principal de esta lucha.
La disputa política: del «ajuste» libertario al rechazo provincial
El desguace de la Base Aeronaval Punta Indio también expone fracturas de gobernabilidad y alineamientos políticos tanto a nivel local como nacional. El vaciamiento de la base fue informado de manera unilateral por un comandante de la Armada, sin que existiera previamente un canal de diálogo o comunicación oficial con las autoridades comunales elegidas por el voto popular. Frente a la falta de respuestas, el arco político municipal —en una inusual muestra de unidad que incluyó a casi todos los bloques del Concejo Deliberante— y el intendente Angueira solicitaron de urgencia audiencias formales con el ministro de Defensa, Carlos Presti.
Este escenario de conflicto territorial no tardó en escalar hacia el plano provincial. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires emitió el pasado viernes 21 de agosto un duro comunicado de repudio a la decisión nacional. La administración bonaerense respaldó explícitamente al intendente Angueira y la conformación de la Mesa de Defensa de la Base, mientras exigía a Carlos Presti que reciba a las autoridades locales. La gacetilla oficial del gobierno provincial resalta la contradicción de desmantelar una institución emblemática que aporta soberanía, vigilancia marítima y puestos de trabajo vitales para el tejido productivo del interior de la provincia.
La contrapartida es el aislamiento y la incomodidad de los representantes locales de la fuerza oficialista nacional. La asamblea del Club Verónica estuvo marcada por ausencias notables como la de Sandra Cano, concejal libertaria cuyo esposo —un suboficial retirado— protagonizó recientemente polémicas defensas del terrorismo de Estado en la radio local. Tampoco asistió Juan D’Amico, exdirector de Renaper durante la gestión macrista y hoy funcionario de la Unidad de Gabinete de Asesores de Defensa bajo el ala de Diego Santilli. El único libertario presente, Néstor Lazarte, intentó ensayar una débil justificación antes de ser silbado y reprobado de manera generalizada por la multitud, desnudando los límites políticos que encuentra el programa de ajuste estatal cuando choca de frente con la supervivencia económica de los pueblos de la provincia.
