El Gobierno nacional dio el paso definitivo para desmantelar la gestión estatal de las carreteras argentinas. A través de la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo, se aprobó lo actuado en la segunda etapa del proceso licitatorio y se adjudicaron formalmente los ocho tramos de la Red Federal de Concesiones – Etapa III por un plazo ininterrumpido de 20 años.
Esta medida consagra la entrega de la administración, mantenimiento, cobros de peaje y explotación de las principales arterias viales del país a consorcios privados. El proceso se ampara en el artículo 7° de la Ley de Bases N° 27.742, que declaró a la empresa estatal Corredores Viales S.A. como «sujeta a privatización». Posteriormente, el Decreto N° 97/2025 autorizó la concesión de obra pública por peaje, culminando en la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504-0001-LPU26, cuyas ofertas económicas hoy quedan refrendadas.
Atrás quedan los discursos de libre circulación sin intermediarios: el nuevo esquema institucionaliza un millonario negocio cautivo para constructoras tradicionales de la obra pública local y traslada el costo total de la infraestructura a los usuarios y transportistas mediante peajes que sufrirán indexaciones automáticas.
Los ganadores de siempre: el reparto de los tramos
El análisis pormenorizado del reparto de los corredores confirma que, lejos de atraer nuevos actores o inversiones internacionales disruptivas, el negocio vial quedó concentrado en manos de la histórica «patria contratista» local y firmas asociadas.
El desglose de las adjudicaciones y las tarifas base (ofertadas en valores netos sin IVA) revela fuertes asimetrías territoriales y disparidades en los costos que deberán afrontar las economías regionales:
- Renglón N° 1 (Tramo Centro): Adjudicado al consorcio AFEMA S.A. – PABLO FEDERICO E HIJOS S.A. – GUIDO MOGETTA S.A. con una tarifa base de $1.399 sin IVA. En los órdenes de mérito subsiguientes quedaron Creditech S.A. – Plantel S.A. ($1.499), Basaa S.A. – Cecosa S.A. ($1.687,27), Rovial-Obring-Pitón-Edeca ($2.270) y Chediack – Benito Roggio ($2.510).
- Renglón N° 2 (Tramo Centro Norte): Otorgado a JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. con una tarifa base de $2.175 sin IVA, superando las ofertas de Creditech S.A. – Plantel S.A., CN Sapag – Victor M. Contreras, e IEB Construcciones.
- Renglón N° 3 (Tramo Mesopotámico): Encomendado a IEB CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA – TRADING MRG S.A.U. con la tarifa más elevada de la licitación: $3.564,99 sin IVA. En este estratégico tramo no se determinaron ofertas en órdenes de mérito posteriores.
- Renglón N° 4 (Tramo Noroeste): Concedido a AUTOVÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. – VAPEU S.R.L. – GUIGIVAN S.R.L. por una tarifa de $2.285 sin IVA.
- Renglón N° 5 (Tramo Litoral): Adjudicado a JCR S.A. – NÉSTOR JULIO GUERECHET S.A. con una tarifa de $2.876,04 sin IVA.
- Renglón N° 6 (Tramo Noreste): Otorgado a CARLOS E. ENRÍQUEZ S.A. – HORMI S.A. con una tarifa de $2.950 sin IVA.
- Renglón N° 7 (Tramo Chaco – Santa Fe): Encomendado a la sociedad JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. – ROVIAL S.A. – OBRING S.A. con una tarifa de $3.520 sin IVA. Al igual que en el tramo Mesopotámico, no se determinaron ofertas subsiguientes.
- Renglón N° 8 (Tramo Cuyo): Adjudicado a LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. – GREEN S.A. – CORPORACIÓN DEL SUR S.A. con una tarifa de $3.090,2462 sin IVA.
Impugnaciones desestimadas y descalificaciones masivas
La licitación no estuvo exenta de tropiezos administrativos, sospechas corporativas y reclamos cruzados. En la primera etapa del proceso, aprobada mediante la Resolución 1024/2026, el Ministerio de Economía ya había desestimado ofertas del grupo conformado por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A., ejecutando además sus garantías de impugnación.
En esta segunda etapa definitiva, la Comisión Evaluadora debió emitir un dictamen complementario para desestimar de urgencia la propuesta de la UTE integrada por INMAC S.A., Tecnoedil S.A. Constructora y Rowing S.A.. Tras la apertura de sobres, el consorcio adujo haber cometido un «error» en sus ofertas para los tramos Centro Norte y Noreste. La comisión dictaminó que la presentación «comprometía la seriedad e inalterabilidad de las ofertas económicas», procediendo a apartarlos del concurso y rechazar sus ofertas.
Asimismo, las ofertas presentadas por la firma CPC S.A. (perteneciente al empresario Cristóbal López) para la totalidad de los ocho tramos de la red fueron sistemáticamente rechazadas y desestimadas por el Ministerio de Economía en un claro gesto de exclusión de ciertos actores del sector regulado. También se declaró inadmisible la propuesta de la UTE conformada por Lemiro Pablo Pietroboni S.A., Merco Vial S.A. y Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste.
El costo federal: asimetrías de peaje e impacto logístico
La privatización de rutas consagra un impacto asimétrico y sumamente crítico para el interior del país. Mientras el Tramo Centro iniciará con un peaje base de $1.399 sin impuestos, transitar las economías regionales de la Mesopotamia o del Chaco y Santa Fe costará más de $3.500 como tarifa de partida.
Al sumarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los futuros esquemas de indexación previstos por los pliegos viales, el costo logístico de la producción primaria nacional sufrirá un golpe inmediato. En un país cuya matriz de transporte de cargas depende en más de un 90% del sistema de camiones, el encarecimiento de la Red Federal de Concesiones se traducirá directamente en mayores precios de góndola para los bienes de consumo masivo, consolidando un esquema de «impuesto al tránsito» para las provincias extrapampeanas.
Con contratos firmados por los próximos 20 años, la administración actual bloquea la posibilidad de revisar el esquema de transporte nacional en el mediano plazo, atando el desarrollo logístico argentino a las ganancias garantizadas de un puñado de consorcios privados.
