El pasado viernes 8 de agosto, la localidad de Piamonte, en la provincia de Santa Fe, se convirtió en el escenario de un nuevo y brutal femicidio que pone en tela de juicio la efectividad de las herramientas de protección del Estado. Según información publicada por el portal RT Actualidad, Lucrecia Edit Zarmati, de 56 años, fue asesinada por su expareja, Ricardo Ellena, de 64 años, en un ataque ejecutado con una violencia premeditada a la salida de su lugar de trabajo.
Un ataque premeditado a plena luz del día
La víctima se desempeñaba como portera en una escuela y regresaba a su hogar en bicicleta cuando fue interceptada por Ellena. El agresor, utilizando un Peugeot 208, la embistió de forma directa. No conforme con el impacto inicial, el atacante descendió del vehículo para apuñalarla mientras ella se encontraba tendida en el suelo, agonizando por el choque. La brutalidad del hecho, ocurrido en la vía pública, subraya una preocupante audacia por parte del agresor, quien actuó sin reparar en la presencia de testigos o la luz del día.
El Estado ausente: la ineficacia de la restricción perimetral
El dato más crítico de este caso es que Ricardo Ellena «tenía una restricción perimetral vigente que le prohibía acercarse a ella». Este hecho transforma el crimen en una evidencia política y social de la desprotección que sufren las mujeres bajo el sistema actual. Las órdenes de alejamiento, sin un monitoreo activo o medidas de seguridad complementarias, terminan siendo meras declaraciones de intención que no logran detener a un agresor decidido a ejercer la violencia máxima.
Consecuencias y contexto territorial
Tras el femicidio, Ellena huyó e intentó suicidarse, provocándose heridas graves en el cuello por las que permanece hospitalizado. La pareja, que tenía tres hijos en común, llevaba meses separada. Este desenlace fatal en una localidad pequeña como Piamonte evidencia que la violencia de género no conoce límites territoriales y que la respuesta judicial sigue siendo reactiva y no preventiva. El caso de Zarmati se suma a una estadística dolorosa donde la víctima, a pesar de haber denunciado y obtenido una medida legal, termina perdiendo la vida ante la falta de garantías estatales.
