En una entrevista por Somos Radio AM 530, la abogada representante de la querella mayoritaria de las familias, Valeria Carreras, confirmó que el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan entra en su etapa final. Tras cuatro meses y medio de audiencias en la jurisdicción federal de Río Gallegos, el tribunal podría anticipar este miércoles el veredicto de culpabilidad o inocencia para los imputados.
El proceso judicial contó con la declaración de 96 testigos y se encuentra actualmente en la etapa de alegatos de la defensa oficial. Según indicó Carreras, los fundamentos completos de la sentencia se conocerían aproximadamente 40 días después de la lectura del veredicto inicial.
Presiones y expectativas de la querella
Durante la entrevista en el medio citado, la letrada denunció la existencia de una campaña de presión mediática orientada a influir en la decisión de los jueces. Carreras hizo referencia a publicaciones que advierten sobre un supuesto «malestar en la Armada» ante posibles condenas, argumentando que esto desalentaría a los oficiales a asumir responsabilidades operativas.
«Esto es una barbaridad; es como decir que si condenan a un médico por mala praxis, el resto de los médicos tendrá miedo. No deben tener miedo, sino tomar las precauciones para que no suceda lo mismo», sostuvo la abogada en diálogo con AM 530. La querella enfatiza que el objetivo primordial es obtener justicia para las 44 víctimas y sus familias, quienes perdieron su proyecto de vida.
El cierre definitivo de la causa por espionaje
En paralelo al juicio por el hundimiento, la situación judicial de la causa por espionaje ilegal a los familiares ha generado un fuerte rechazo en la querella. La Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso in extremis interpuesto por la abogada, confirmando así el sobreseimiento de los imputados, entre ellos el expresidente Mauricio Macri.
La investigación había determinado que durante un año existieron seguimientos, fotografías e infiltraciones contra las hermanas, esposas y madres de los tripulantes por parte de agentes de la AFI. Sin embargo, la justicia argentina ratificó el criterio de que dichas tareas de inteligencia estaban «justificadas» por la supuesta peligrosidad que las familias representaban para la seguridad presidencial y el orden público.
«Se utilizó el burdo argumento de que eran peligrosas o terroristas potenciales cuando lo único que hacían era esperar el semáforo en rojo para cruzar con una bandera y la foto de su hijo«, explicó Carreras.
Instancia internacional: la Corte Interamericana
Ante el agotamiento de las vías judiciales internas, la representación legal de las familias informó que el pasado 25 de abril se interpuso un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El objetivo de esta acción es que el organismo internacional revise lo actuado por la justicia argentina y evite que se siente un precedente donde el Estado pueda realizar tareas de inteligencia sobre ciudadanos sin orden judicial previa, bajo el argumento de seguridad interior. «Es importante que no se deje sentado que las señoras se merecían el espionaje; fue muy cruel», concluyó la abogada.
