La administración bonaerense transparentó esta semana la gravedad de su asfixia financiera. A través de dos medidas clave publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires del 24 de julio de 2026, el Ejecutivo combina una poda forzada en la infraestructura territorial con la búsqueda urgente de liquidez en el mercado de capitales.
El certificado de defunción para las obras inconclusas
Mediante el Decreto N° 877/2026, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos reglamentó los artículos 45 a 51 de la Ley de Emergencia N° 15.557. Esta norma habilita, de manera excepcional y «por única vez», un procedimiento para renegociar o directamente rescindir contratos de obra pública que se encuentren vigentes.
El decreto no ahorra calificativos políticos: justifica la medida en la «profunda recesión» y, fundamentalmente, en el «incumplimiento, mora y/o detracción por parte del Estado Nacional» de las transferencias obligatorias hacia la Provincia.
Con la firma del ministro Gabriel Katopodis y el gobernador Axel Kicillof, la provincia establece un marco legal para soltar la mano de proyectos que ya no puede costear. Para los municipios, esto significa la paralización formal de infraestructura básica, desde pavimentación hasta redes de saneamiento, que ahora quedan sujetas a la capacidad de las empresas constructoras para aceptar nuevos plazos o el cierre definitivo de las obras.
$10.000 millones para «tapar el bache»
Mientras Infraestructura retrocede, Economía intenta ganar tiempo. La Resolución N° 62-SSFIMECONGP-2026 de la Subsecretaría de Finanzas autorizó el séptimo tramo del Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el ejercicio 2026.
El monto nominal asciende a $10.000 millones. El objetivo técnico declarado es cubrir «deficiencias estacionales de caja«, un eufemismo administrativo que describe la imposibilidad de afrontar gastos corrientes con los ingresos ordinarios del mes.
Como es habitual en estas licitaciones de emergencia, el respaldo de la deuda no es otro que la Coparticipación Federal de Impuestos. La provincia cede sus derechos sobre la recaudación futura de impuestos nacionales para que los inversores acepten financiar el presente de una caja que se vacía más rápido de lo que se llena.
Un modelo de gestión bajo asedio
La sincronía de estas medidas revela un cambio de fase. La Provincia ya no solo denuncia el «ahogo» nacional en los micrófonos; ahora lo traslada a la estructura jurídica del Estado. La creación de un procedimiento administrativo para rescindir contratos es la admisión de que la emergencia dejó de ser una coyuntura para transformarse en el estado natural de la gestión.
La territorialidad de este ajuste es difusa pero letal. Cada contrato rescindido representa una PyME constructora local en crisis y un intendente que deberá explicar a sus vecinos por qué la obra esperada ya no figura en los planes de La Plata.
