El Gobierno italiano encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni aprobó un paquete de medidas de seguridad que extiende el arresto cautelar a personas menores de 18 años y tipifica sanciones penales para quienes participen en disturbios.
El Consejo de Ministros de Italia aprobó este martes un nuevo decreto de seguridad juvenil que modifica de manera sustancial la legislación penal del país europeo. La normativa, cuyos alcances fueron publicados en la cobertura informativa del portal teleSUR, introduce por primera vez la figura de la detención preventiva para menores de edad, una medida que hasta el momento se encontraba reservada exclusivamente para la población adulta.
La regulación entró en vigencia de forma inmediata tras el anuncio oficial realizado por la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, a través de un mensaje difundido en sus canales institucionales y redes sociales.
Retención cautelar y nuevas figuras delictivas
De acuerdo con el texto aprobado por el Ejecutivo italiano, las fuerzas del orden quedan facultadas para retener en comisarías por un plazo de hasta doce horas a personas menores de 18 años. La norma habilita este procedimiento aun cuando no se haya constatado la comisión de un delito flagrante, basándose en la presunción administrativa de que el menor representa un peligro para el orden público.
En paralelo, el decreto establece la figura penal de participación violenta en manifestaciones. Esta tipificación castigará con penas de hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 20.000 euros a cualquier individuo que, integrando un grupo de cinco o más personas, arroje elementos contundentes como piedras u objetos que pongan en riesgo la integridad de terceros o de las fuerzas de seguridad.
Posición oficial del Gobierno italiano
Durante la presentación del decreto, la mandataria Giorgia Meloni fundamentó las modificaciones legales bajo la premisa de resguardar la seguridad ciudadana frente a los episodios de violencia registrados en las calles. «Manifestarse es un derecho, devastar nuestras ciudades no», expresó la jefa de Gobierno a través de la red social X.
Meloni remarcó la línea punitiva de la iniciativa gubernamental al sostener la frase «quien la hace la paga, y si no, que lo paguen sus padres». Asimismo, la presidenta del Consejo de Ministros manifestó su solidaridad con el personal de las fuerzas de seguridad y argumentó que las demandas o reclamos sociales no pueden ser utilizados como justificación para alterar el orden público o apelar a la violencia.
Antecedentes, contexto europeo y rechazo social
El tratamiento informativo de teleSUR encuadra esta disposición en una serie de reformas securitarias impulsadas por la administración italiana, las cuales han endurecido las sanciones sobre bloqueos de calles, ocupaciones de inmuebles, protestas públicas y acciones de solidaridad hacia personas migrantes.
El anuncio coincide con un escenario de creciente tensión social y movilizaciones estudiantiles motivadas por el costo de vida, las dificultades en el acceso a la vivienda y los recortes presupuestarios en el ámbito educativo. Frente a la aprobación del decreto, distintas agrupaciones estudiantiles y organizaciones sociales calificaron la medida como autoritaria y denunciaron una intención de criminalizar la protesta juvenil.
Diversos colectivos estudiantiles en Italia confirmaron que continuarán con el plan de lucha y convocaron a nuevas manifestaciones en las calles, en coordinación con protestas similares articuladas en países como Francia, España, Portugal, Grecia y Albania.
