El escenario político de Ecuador registró un nuevo punto de inflexión tras la detención de Luisa González, dos veces candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, realizada durante operativos en Pichincha y Manabí que culminaron con su traslado al Cuartel Modelo de Guayaquil junto a su asistente Estefanía Molina. Ante el procedimiento fiscal y policial, la dirigencia de la organización política reaccionó denunciando «arbitrariedad y secuestro», mientras que la Fiscalía General del Estado vincula a la procesada al denominado caso ‘Caja Chica’ o ‘Laberinto’, centrado en el supuesto ingreso no declarado de fondos desde Venezuela para la campaña de 2023. El procedimiento cobra trascendencia al ocurrir a tan solo cinco semanas de las elecciones seccionales, en un contexto donde el partido opositor se encuentra suspendido por el Tribunal Contencioso Electoral.
Las inconsistencias probatorias y la controversia sobre el testigo clave
El expediente judicial por presunta delincuencia organizada y lavado de activos se sostiene principalmente en la versión impartida por el exasambleísta Santiago Díaz Asque, quien afirmó haber trasladado dinero «por disposición del presidente (Rafael) Correa». Sin embargo, la defensa técnica de los imputados calificó el testimonio como «contradictoria, sin sustento y confusa», al observar que las fechas señaladas por el declarante corresponden a abril de 2023, momento previo a la convocatoria formal de comicios. A las dudas sobre la validez temporal se suma el perfil procesal del testigo, condenado en mayo de 2026 a más de 29 años de prisión por la violación de una menor, hecho que llevó al expresidente Rafael Correa a cuestionar que el Gobierno utilice «a un acusado de violación» para articular operaciones mediáticas.
El uso del aparato de justicia como patrón de gestión pública
El tratamiento judicial contra la Revolución Ciudadana se enmarca en lo que analistas y juristas definen como lawfare o persecución judicial. Este fenómeno no resulta ajeno al propio entorno del presidente Daniel Noboa, cuya vicepresidenta, Verónica Abad, denunció la existencia de «un claro abuso de poder de fiscales y jueces» tras el encarcelamiento de su hijo en el centro de máxima seguridad La Roca. La conducción de estos casos por parte de fiscales interinos y designaciones cuestionadas sugiere un uso sistemático de las instituciones de justicia para neutralizar rivales políticos o frenar candidaturas opositoras antes de la contienda electoral.
Descontento social, colapso energético y deterioro de la seguridad
El endurecimiento de la acción judicial coincide con un marcado descenso en los índices de aprobación del Ejecutivo. Apenas días antes de la detención de González, el presidente Daniel Noboa aseveró públicamente que «por más que sueñen los odiadores que haya corte, no va a haber cortes», referencia que quedó desmentida ocho días después al reiniciarse apagones no programados e imponerse desconexiones de hasta 72 horas semanales al sector industrial. En materia de seguridad territorial, el balance estatal dista de los objetivos prometidos: el país cerró 2025 con la tasa de homicidios más alta de América Latina y un incremento crítico en las muertes violentas de menores, configurando un clima de descontento generalizado que la dirigencia opositora describe como una «cortina de humo judicial» diseñada para opacar la crisis gubernamental.
