En recientes declaraciones vertidas en el programa QVLI de Somos Radio AM 530, la periodista especializada en temas judiciales Irina Hauser reveló detalles decisivos sobre el avance de la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Hauser detalló que los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez formalizaron «un nuevo dictamen» en el que «pidieron 43 nuevas indagatorias en la causa ANDIS», alcanzando por primera vez a «los dueños y directivos de la droguería Suizo Argentina».
La investigación pone en evidencia un mecanismo sistemático de sobrefacturación y desvío de recursos públicos hacia sectores privados concentrados. Según la exposición de la cronista, la empresa privada «se llevó el 30% de las erogaciones del organismo», lo que equivale a la suma de «13.711 millones de pesos en un lapso de 15 meses en sobreprecios mayormente» que registraron picos extraordinarios de hasta un 4.000% en insumos de alto costo.
El análisis periodístico resalta además el nivel de injerencia corporativa dentro de la estructura estatal para la articulación de retornos e irregularidades. Hauser sostuvo que la firma «directamente manejaba la ANDIS», al punto de que «las decisiones institucionales de la ANDIS se tomaban en la droguería» en complicidad con exfuncionarios como Diego Spagnuolo, quien solicitaba dádivas personales como viajes al exterior.
Más allá de las cifras contables, el caso reviste una seria gravedad institucional y social al vulnerar derechos básicos. La especialista remarcó que las maniobras constituyeron «un saqueo respecto de fondos que justamente están destinados a las personas con discapacidad», inscribiendo este accionar en una política oficial que «entró en el registro de la crueldad» contra los sectores sin cobertura médica.
Los Sauces-Hotesur: apuros judiciales y vulneración del debido proceso
En el segundo tramo de la entrevista en AM 530, Hauser analizó la polémica unificación de los expedientes Los Sauces y Hotesur, que involucra a la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner. Al recordar la génesis del expediente, precisó que «el eje es el pago de alquileres de habitaciones y de inmuebles» por parte de contratistas del Estado, advirtiendo que la instrucción del difunto juez Claudio Bonadio provocó que «una sola causa siempre estuvo muy manoseada» mediante la duplicación irregular de expedientes.
El eje de la controversia actual radica en la decisión de la Cámara de Casación de acelerar el inicio del debate oral unificado sin contemplar los tiempos técnicos de la prueba contable. Hauser explicó que el proceso «se iba a hacer originalmente dividido en dos porque hay un peritaje que no está terminado», denunciando que el apresuramiento de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone genera «un déjà vu muy fuerte porque así empezó vialidad también sin peritaje».
La medida generó un quiebre interno en el tribunal superior, exponiendo la tensión respecto del cumplimiento de las garantías procesales. Hauser destacó la postura en disidencia del juez Alejandro Slokar, quien cuestionó la resolución dictada «transgrediendo todos sus precedentes» y «lo llama exorbitancia porque se salieron los jueces de su órbita», concluyendo la periodista que «el mayor interés de cierto sector del poder judicial está puesto ahí» para presionar sobre el escenario político.
