La diputada nacional Marcela Pagano expuso los motivos de su distanciamiento del bloque oficialista y trazó un duro diagnóstico sobre la dinámica interna de La Libertad Avanza durante una entrevista concedida a los periodistas Cynthia García y Eduardo Fabregat en el programa La García, emitido por Somos Radio AM 530. Al recordar su alejamiento de la estructura legislativa del Gobierno, la legisladora explicó que tomó la determinación de dar un paso al costado cuando «en un equipo de trabajo las cosas no funcionan», al tiempo que cuestionó que el Poder Ejecutivo se encuentre «gobernando de espaldas al bolsillo de la gente».
Durante el reportaje, Pagano detalló cómo la Secretaría General de la Presidencia restringió de forma drástica el acceso al jefe de Estado en la residencia oficial, imposibilitando el intercambio fluido con dirigentes con representatividad territorial o miradas críticas. La diputada aseveró que Karina Milei «le achicó cada vez más el anillo y lo acercó a un punto de una soledad extrema y absoluta», cercenando el contacto directo del Presidente con sus antiguos colaboradores de campaña y ministros de gabinete.
Vínculos espirituales, comunicación por WhatsApp y el pedido de juicio político
En su testimonio, la legisladora describió una cotidianeidad presidencial ajena a los conflictos cotidianos de la sociedad y tamizada por un entorno de extrema reserva. Pagano advirtió que el mandatario únicamente recibe «un relato de la realidad que se le escriben por WhatsApp un grupo de bufones de ministros», al tiempo que se refirió a la presencia constante de asistentes religiosos que acompañan al jefe de Estado en la Quinta de Olivos.
Esta falta de contacto con el escenario socioeconómico fundamenta, según la legisladora, los proyectos parlamentarios orientados a evaluar el estado de salud y la idoneidad del Presidente en el ejercicio del cargo. Pagano justificó la presentación de iniciativas de remoción al sostener que la causal encuadra en una «inhabilidad psíquica sobreviviente», argumentando que las conductas y exabruptos públicos actuales difieren sensiblemente del perfil que el economista exhibía en sus apariciones mediáticas previas a la función pública.
Debilidad legislativa y repartición de partidas presupuestarias
En el plano legislativo, la congresista analizó la creciente fragilidad de la bancada oficialista para conformar el quórum y frenar proyectos impulsados por bloques opositores sin ceder transferencias de recursos hacia los gobernadores. Pagano reveló que las mayorías del Gobierno «están cada vez más justos y cada vez tienen que repartir más guita para abrochar aliados», lo que generó la aprobación de normativas vinculadas a partidas para discapacidad sin financiamiento genuino asegurado en la ley de presupuesto.
Asimismo, la exintegrante del espacio oficialista remarcó las severas dificultades en la macroeconomía y la incidencia del riesgo país por encima de los 700 puntos básicos en el financiamiento productivo. En su análisis sobre el cuadro social, la entrevistada pronosticó un marcado deterioro del mercado laboral en el mediano plazo y enfatizó que «2025 fue el año del endeudamiento; este año va a ser el año del desempleo».
Manipulación estadística y denuncias en la administración pública
Pagano también sembró dudas sobre la fiabilidad de las estadísticas oficiales vinculadas a los índices de inflación y pobreza tras los cambios de conducción en los organismos de medición del Estado. La legisladora objetó el alejamiento de técnicos especializados del Indec y sostuvo que desde la Casa Rosada «echaron mano de la credibilidad del INDEC» para evitar la actualización de las ponderaciones tarifarias en el cálculo del costo de vida.
Por último, la diputada ratificó sus presentaciones ante los tribunales por presuntas irregularidades y cobro de retornos en la gestión de compras estatales dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Al referirse a las maniobras bajo investigación judicial y a la distribución de porcentajes ilegales, Pagano reiteró sus señalamientos hacia el círculo íntimo del Poder Ejecutivo al afirmar que «el 3% era para Karina», anticipando nuevas citaciones judiciales en la causa.
