La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) y dispuso la suspensión de las actividades de exploración marítima del emprendimiento hidrocarburífero conocido como «León Marino» (Sea Lion). La resolución judicial ordena paralizar las operaciones proyectadas por las compañías extranjeras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la plataforma continental argentina.
La presentación judicial ante el tribunal fue interpuesta por la representación legal del CECIM La Plata días antes de la reciente cadena nacional brindada por el Poder Ejecutivo nacional. En declaraciones brindadas a la emisora Somos Radio AM 530 en el programa QVLI, la abogada de la institución de veteranos, Laurentina Alonso, detalló los alcances del dictamen y los fundamentos de la tutela preventiva otorgada.
Riesgo ambiental abstracto y tutela de bienes colectivos
Según explicó la abogada Laurentina Alonso en la entrevista emitida por Somos Radio AM 530, la resolución de la jueza Borruto se sustenta en el principio de prevención al reconocer la existencia de un riesgo ambiental abstracto. Bajo este criterio jurídico, no resulta exigible la acreditación de un daño consumado sobre el ecosistema marino, sino que basta la probabilidad de su ocurrencia para habilitar la tutela judicial.
Asimismo, la magistrada fundamentó su decisión en el carácter colectivo e indivisible del medio ambiente, en consonancia con la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución reconoció de forma explícita la legitimación activa tanto del CECIM La Plata como de los colectivos ambientalistas para accionar en resguardo del patrimonio natural y la soberanía de la Nación. Durante el diálogo radial, Alonso destacó que la vía cautelar preventiva ofrece una protección más eficaz que los procesos penales tradicionales para evitar el avance de obras perjudiciales.
Soberanía sobre la plataforma continental y restricciones operativas
Pese a que las corporaciones demandadas poseen domicilio en el exterior, el fallo ratifica que el área de exploración se localiza dentro de la plataforma continental argentina. En consecuencia, la jueza dictaminó que las firmas extranjeras deben encuadrarse de forma obligatoria en el marco normativo y las leyes vigentes en la República Argentina.
De acuerdo con lo informado por la letrada del CECIM al medio periodístico Somos Radio AM 530, la medida busca frenar el avance integral del proyecto «León Marino» mediante la paralización de inversiones, infraestructuras y logística. Alonso remarcó además la necesidad de supervisar que terceros países de la región o empresas transnacionales no presten asistencia logística o servicios al emprendimiento, en cumplimiento de los compromisos internacionales sobre recursos no renovables en el Atlántico Sur.
Notificaciones internacionales y escenarios geopolíticos
El cumplimiento efectivo de la medida cautelar requiere el libramiento de exhortos diplomáticos hacia las jurisdicciones donde se hallan constituidas las sociedades corporativas, correspondientes al Reino Unido e Israel. Sobre este punto, la abogada del CECIM expuso las complejidades internacionales que supone la notificación en estados con posturas geopolíticas divergentes respecto al litigio soberano sobre el archipiélago.
Finalmente, en sus declaraciones a la emisora Somos Radio AM 530, Laurentina Alonso enfatizó la significación de ejercer de forma permanente la tutela jurídica sobre la plataforma continental, la Antártida y el Atlántico Sur. La letrada concluyó que la decisión adoptada por la Justicia Federal de Río Grande sienta un antecedente clave para salvaguardar los recursos estratégicos de la Nación.
