La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) formalizó la disolución de la aseguradora tras detectar un déficit patrimonial superior a los 12.900 millones de pesos. La medida, que conlleva una liquidación judicial forzosa, impacta directamente en más de 600 trabajadores y genera incertidumbre sobre la cobertura de miles de empresas en todo el país.
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) tomó una decisión drástica que sacude al mercado asegurador argentino. A través de la Resolución 56/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo que conduce Guillermo Plate revocó la autorización para operar de GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.. Esta medida implica la disolución automática de la compañía y el inicio de un proceso de liquidación judicial forzosa.
La caída de la firma no fue un evento sorpresivo para los entes de control. Según informó el portal especializado Politicar Magazine, la compañía acumuló un déficit de capital superior a los 12.900 millones de pesos, detectado originalmente en sus balances de septiembre de 2025. Aunque la SSN otorgó plazos legales para que la empresa presentara un plan de saneamiento, la propia aseguradora reconoció formalmente que se encontraba materialmente impedida de regularizar su situación financiera.
El drama de los trabajadores y el impacto en las provincias
Las consecuencias sociales de esta medida se sintieron de inmediato en la estructura laboral de la empresa. Más de 600 empleados, representados por el Sindicato del Seguro de la República Argentina, perdieron su fuente de trabajo tras conocerse la resolución. Jorge Sola, titular del gremio e integrante de la CGT, encabeza los reclamos frente a una situación que el portal DeGremiales.com califica como un cierre precipitado, incluso después de que se dictara una conciliación obligatoria para intentar encauzar el conflicto.
Este escenario no solo afecta a las oficinas centrales, sino que repercute en la cobertura de miles de pequeñas y medianas empresas distribuidas en todo el territorio nacional. Durante meses, los trabajadores denunciaron un proceso de «vaciamiento progresivo» que incluía el cierre de áreas y la precarización de las condiciones laborales. La desaparición de un actor que manejaba una producción de más de 219 mil millones de pesos a marzo de 2025 deja un vacío significativo en el sistema federal de riesgos del trabajo.
Los pasos legales y la garantía de las prestaciones
El proceso legal ahora entra en una fase de estricto control judicial. La SSN extendió la inhibición general de bienes sobre la totalidad de las cuentas bancarias de la firma para resguardar los activos remanentes. Asimismo, designaron a Pablo Aníbal Cuntari como apoderado especial para gestionar la transferencia de bienes al Fondo de Reserva, mecanismo que deberá asegurar que los trabajadores accidentados no pierdan sus prestaciones médicas ni dinerarias.
A pesar del cierre, el sistema cuenta con herramientas para mitigar el daño a los beneficiarios. El Fondo de Reserva de la Ley de Riesgos del Trabajo asumirá la responsabilidad de los siniestros pendientes una vez que el juez dicte la apertura formal de la liquidación. No obstante, diversos analistas señalan que este episodio debe servir como una lección urgente para reforzar la transparencia y la regulación en un sector que gestiona la salud y la vida de millones de argentinos.
