El paisaje industrial de Concepción del Uruguay amaneció esta semana con cadenas y candados en los portones de la planta frigorífica “La China”. La empresa Granja Tres Arroyos (GTA), que llegó a concentrar el 35% del mercado avícola nacional, anunció el cierre por tiempo indeterminado de su unidad productiva más emblemática.
La decisión patronal pone en riesgo directo 950 puestos de trabajo y deja a la región en una situación de vulnerabilidad extrema. Mientras la dirección de la compañía, encabezada por Joaquín De Grazia, intenta encuadrar el conflicto como una respuesta a «constantes medidas gremiales», los estados contables revelan una realidad mucho más compleja y asfixiante.
Los números detrás del discurso corporativo
GTA atribuye su parálisis a la «inflexibilidad sindical» y a la pérdida de mercados tras el brote de gripe aviar en 2023. Sin embargo, el informe comercial del sector describe un colapso financiero estructural: la firma arrastra una deuda récord de $51.700 millones en el sistema financiero.
El deterioro crediticio es alarmante. La empresa registra más de 1.800 cheques rechazados por un valor que ronda los $29.000 millones. A esto se suma un pasivo previsional exigible de $7.272 millones con la AFIP, lo que ha provocado embargos sistemáticos sobre sus cuentas, asfixiando cualquier intento de obtener liquidez para el pago de salarios.
El factor social: Familias como variable de ajuste
En las asambleas frente a la planta, el clima es de angustia. Los trabajadores denuncian que la empresa adeuda el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera de mayo. El sindicato califica la medida no como un cierre técnico, sino como un lockout patronal destinado a forzar una reducción de beneficios salariales —como el plus por presentismo— que la empresa considera «incompetitivos».
Desde la perspectiva sindical de Miguel Klenner, secretario general de la Alimentación en la zona, la empresa ha perdido la «humanidad», denunciando pagos en cuotas y falta de certezas sobre el aguinaldo o la continuidad laboral. El impacto no es menor: la faena diaria de GTA se desplomó de 700.000 a apenas 200.000 pollos, desmantelando también la red de productores integrados que ya no reciben alimento para sus aves.
Implicancias políticas y territoriales
El intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, calificó la situación como «dramática» y advirtió que el conflicto afecta a toda la economía local. El Gobierno de Entre Ríos, que ya había intervenido a principios de año para evitar despidos, se ve obligado a actuar de oficio nuevamente ante lo que el Secretario de Trabajo provincial, Mariano Camoirano, definió como una decisión empresarial inesperada.
La crisis de Granja Tres Arroyos no es solo un problema de una firma privada. Es un síntoma del agotamiento de un modelo de integración que, al quebrarse, traslada el riesgo sanitario y financiero al eslabón más débil: el productor y el obrero. En un contexto donde el Presupuesto 2026 de la provincia proyecta crecimientos sectoriales moderados, la caída del líder avícola amenaza con una suba de precios en la proteína básica de la canasta familiar y un invierno de alta conflictividad social en el territorio entrerriano.
