El Gobierno Nacional formalizó el envío de un proyecto de ley al Senado para derogar la Ley 27.642, conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, propone la eliminación total de los octógonos negros que advierten sobre excesos en nutrientes críticos como azúcares, grasas y sodio.
La gestión actual justifica la medida alegando «limitaciones técnicas, regulatorias y económicas». Según el texto oficial, el sistema vigente induce a «interpretaciones simplificadas» y genera «sobrecostos» que perjudican la actividad productiva. Sin embargo, la ex diputada y autora de la ley, Florencia Lampreabe, calificó la iniciativa como un «retroceso» y un golpe a la libertad de elección de los consumidores en una entrevista para el canal Somos Radio AM 530.
El lobby industrial y el «derecho a ignorar»
Lampreabe señaló que detrás de este pedido no están las Pymes, sino la gran industria alimentaria, nucleada en agrupaciones como la COPAL. «La ley venía a saldar engaños de la industria que disfraza alimentos como saludables cuando no lo son», explicó la ex legisladora. Para la autora, la derogación no es una cuestión técnica, sino una concesión política a empresas como Coca-Cola y Danone, que buscan recuperar márgenes de ganancia a costa de la información del consumidor.
Desde la sociedad civil, más de 300 organizaciones sanitarias y académicas manifestaron su rechazo, alertando que la eliminación del sistema dejaría a la ciudadanía en un «absoluto estado de desprotección». Advierten que no existen argumentos científicos que justifiquen desmantelar una norma que democratizó el acceso a la información nutricional.
Datos sobre la efectividad de los octógonos
Frente al argumento oficial de que los sellos confunden al consumidor, Lampreabe citó estudios de UNICEF y el Ministerio de Salud que indican que el 90% de la población utiliza los octógonos como criterio orientativo de compra. Además, más de la mitad de los argentinos modificó sus hábitos de consumo a partir de la visualización de los sellos negros.
Antes de la sanción de la norma en 2021, solo el 13% de la población comprendía la información nutricional tradicional. Lampreabe destacó que la ley no solo informa, sino que obligó a las empresas a reformular productos para reducir nutrientes críticos y evitar los sellos, mejorando la calidad de la oferta alimentaria en las góndolas.
La falacia de la armonización con el Mercosur
Uno de los ejes del proyecto gubernamental es la necesidad de «armonizar» la normativa con los estándares del Mercosur para facilitar el comercio regional. No obstante, Lampreabe y diversos especialistas advierten que este es un argumento para «nivelar para abajo».
Argentina posee actualmente el «estándar de oro» de la región, basado en evidencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Países como Brasil o Uruguay poseen sistemas menos restrictivos que detectan muchos menos productos con excesos. Derogar la ley nacional para adoptar un reglamento regional más débil implicaría violar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y salud.
Impacto en las infancias y entornos escolares
La derogación de la Ley 27.642 no solo quitaría los sellos de los envases. Implicaría desmantelar un sistema integral que prohíbe la publicidad de productos con sellos dirigida a niños y su venta en escuelas. Lampreabe enfatizó que las infancias son el sector más vulnerable a las estrategias de marketing agresivas de la industria.
«Hoy los niños hablan de los sellos, es algo visualizable que trajo el tema de la calidad de los alimentos a la vida cotidiana», afirmó la autora. La eliminación de estas restricciones dejaría a los entornos educativos expuestos nuevamente a productos ultraprocesados relacionados con el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles en edades tempranas.
