La Justicia interviene la UOM y desplaza a Abel Furlán: tensión entre legalidad electoral y autonomía sindical
En un fallo que sacude el tablero del sindicalismo industrial argentino, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso este viernes la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el desplazamiento de su Secretario General, Abel Furlán. La medida judicial, firmada por los magistrados Víctor Pesino y María Dora González, responde a denuncias de irregularidades en el proceso electoral de la seccional Zárate-Campana, territorio de base de la actual conducción nacional.
Las irregularidades detectadas en la Seccional Campana El origen del conflicto radica en una presentación de la Lista Naranja, opositora a Furlán, que expuso anomalías en los comicios realizados entre el 2 y el 4 de marzo. Según detalla el portal C5N, el tribunal fundamentó que la mecánica de votación y el conteo de sufragios “destruyó la objetividad de todo el proceso”, señalando una falta de garantías para una “elección confiable, segura ni transparente”.
La Justicia cuestionó severamente que la Junta Electoral seccional rechazara el pedido de realizar la elección en una sola jornada. En su lugar, el proceso se extendió tres días bajo la custodia exclusiva de la propia Junta en la sede sindical, lo que, según el fallo, “sepultó cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio”. Como consecuencia, se designó al Dr. Alberto Biglieri como interventor del gremio.
Reacción gremial: denuncias de persecución política
Desde sectores sindicales aliados, la lectura del fallo es drásticamente distinta. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA), a través de un comunicado de su Secretaría de Prensa, calificó la medida como una “arbitraria intervención judicial” y un “ataque directo contra la democracia sindical”. Para la organización aceitera, este movimiento ignora que Furlán fue reelecto con el 85% de los votos en su seccional y el 80% a nivel nacional.
El sector liderado por Furlán interpreta esta intervención no como una corrección técnica, sino como parte de una “encarnizada persecución política” orquestada por el gobierno y los principales grupos empresarios del sector metalúrgico. Sostienen que el desplazamiento busca neutralizar a las organizaciones que enfrentan la actual política económica, afirmando que se trata de un “nuevo ataque contra la clase trabajadora” en un contexto de reforma laboral y ajuste.
El trasfondo político y los jueces del caso
La controversia también alcanza a la figura de los magistrados actuantes. El comunicado de prensa de la Federación Aceitera vincula a los jueces Pesino y González con la reciente validación de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. Denuncian que, tras aquel fallo, el Poder Ejecutivo inició trámites para extender por cinco años la permanencia del juez Pesino en su cargo, pese a haber alcanzado los 75 años.
Esta intervención de la UOM no es un hecho aislado en el mapa de conflictividad actual. El sector gremial advierte sobre una “embestida que sufren hoy” diversos sindicatos, mencionando causas penales contra dirigentes del Subte y ATE, multas a La Fraternidad y ataques a sedes sindicales. En este marco, la conducción de los Aceiteros ha llamado a las organizaciones sindicales a unirse en un “plan de lucha con paro por tiempo indeterminado” ante lo que consideran un desmantelamiento de los derechos laborales y la autonomía gremial.
