Disputa por el relato: El informe que sacudió a Tlatelolco
En un escenario de alta tensión política, diversos organismos y autoridades mexicanas han cuestionado duramente la validez técnica de un reciente informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED). Según un reporte de la periodista Lianet Arias Sosa para Prensa Latina, el documento ha sido catalogado como “tendencioso”, “sesgado” y “falto de rigor” por el Estado mexicano. La controversia surge tras la solicitud del Comité de remitir la situación de México a la Asamblea General para considerar medidas de «apoyo» externas, un movimiento que desde la Ciudad de México se interpreta como una amenaza a la autonomía nacional en la gestión de su crisis de seguridad.
El nudo del conflicto radica en la calificación legal de la violencia. El Comité de la ONU concluyó, en su resolución del 2 de abril, que existen “indicios bien fundados” de que en el país se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. No obstante, el propio órgano reconoció no haber encontrado pruebas de una política federal deliberada para tales fines, un matiz que el diario La Jornada destacó como una contradicción fundamental, señalando que el Estatuto de Roma exige una “definición muy acotada” para tal tipificación, requiriendo la participación u omisión directa del Estado.
La respuesta oficial y el peso de la herencia
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no demoró en fijar posición frente a lo que considera una lectura parcial de la realidad territorial. A través de un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, se sostuvo que la “decisión del Comité es parcial y sesgada”, argumentando que el informe se basa mayoritariamente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017. El gobierno defiende que el documento ignora los esfuerzos institucionales actuales y cuestiona la imparcialidad de los integrantes del Comité, afirmando tajantemente que el “Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
Desde una perspectiva analítica, el ascenso de este flagelo en México se rastrea hasta el inicio de la denominada «guerra contra el narcotráfico» en 2006. Los datos son elocuentes: de apenas 900 casos en el sexenio de Fox, la cifra escaló a 17 mil durante el mandato de Felipe Calderón. Actualmente, el Registro Nacional contabiliza 132.534 personas no localizadas, de las cuales 130.178 corresponden al periodo iniciado en 2006, lo que evidencia que la crisis es un “fenómeno antiguo” que las actuales autoridades intentan mitigar mediante estrategias que han logrado reducir los homicidios dolosos en un 44% en los últimos 17 meses.
Soberanía y el fantasma del injerencismo
Más allá de la estadística forense, el debate ha adquirido un tono geopolítico crítico. La administración mexicana reclama que el CED no valoró las reformas legislativas de julio pasado, que incluyeron la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda y el Banco Nacional de Datos Forenses, reafirmando que el país está abierto a la cooperación técnica “pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”. Esta resistencia se enmarca en un contexto de desconfianza hacia los organismos multilaterales, los cuales, según medios locales, parecen ignorar otros conflictos globales para centrarse en naciones que enfrentan herencias de violencia complejas.
Finalmente, las implicancias territoriales y políticas de este «golpeteo diplomático» son profundas. Editorialistas de La Jornada han advertido que tales resoluciones de la ONU podrían facilitar “el injerencismo y la implantación de la Doctrina Monroe” por parte de potencias externas, especialmente ante el retorno de posturas nacionalistas extremas en Estados Unidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sumó a las críticas, señalando que algunos organismos internacionales “buscan cobrar relevancia” interviniendo en países como México, mientras mantienen una pasividad absoluta frente a otras crisis que amenazan la paz global.
