La venta de Metrogas, la mayor distribuidora de fluido del país con 2,5 millones de usuarios, ha entrado en una fase de definiciones que trasciende lo meramente contable. En un escenario donde YPF busca desprenderse del 70% de su paquete accionario para concentrar recursos en Vaca Muerta, la operación pone al desnudo las tensiones entre un marco regulatorio históricamente vulnerado y el apetito de los grupos económicos vinculados al poder de turno.
El apuro de YPF y la trampa de la integración vertical
La petrolera estatal, hoy bajo la gestión de Horacio Marín, no vende por elección sino por una mora legal que arrastra desde hace más de una década. La Ley 24.076 prohíbe explícitamente que un productor de gas controle una distribuidora para evitar que se fijen condiciones comerciales que alteren la competencia.
Aunque YPF tomó el control en 2013 tras la salida de British Gas durante la gestión de Cristina Kirchner, lo hizo bajo una excepción provisoria que el ENARGAS intimó a regularizar formalmente en 2017. Ahora, la gestión libertaria intenta convertir esta obligación en una «oportunidad» de caja, valuando el bloque mayoritario en unos 560 millones de dólares.
Los candidatos y la guerra silenciosa de los Neuss
Cinco grupos económicos han superado la instancia de auditoría (due diligence) para ofertar por el total de la compañía. La lista es un catálogo de los nombres habituales en el sector energético local: Central Puerto (liderado por Guillermo Reca y los Miguens-Bemberg), el grupo MSU de Santos Uribellarrea, Andina (vehículo de José Luis Manzano, quien ya posee el 9,23% de la empresa) y el Grupo Pierri.
Sin embargo, el dato que sacude la City es la participación de Neuss Capital. A diferencia de lo que se especulaba, el oferente es Germán Neuss, quien se encuentra enfrentado en una disputa legal y de estructuras offshore con sus hermanos Juan y Patricio por el control del holding familiar. Germán compite aliado al fondo soberano Mubadala de Abu Dabi, sumando un componente de capital extranjero a una puja dominada por actores locales con histórico aceite en los despachos oficiales.
La hipoteca judicial: un reclamo de $734.000 millones
Quien compre Metrogas no solo adquiere cañerías y usuarios, sino también una pesada herencia de litigios contra el Estado Nacional. Según una presentación oficial enviada por la empresa al ENARGAS en agosto de 2024, la distribuidora mantiene reclamos por daños y perjuicios que, solo a marzo de ese año, sumaban 734.686 millones de pesos en concepto de capital.
La empresa argumenta que su ecuación económica fue destruida por 23 años de congelamiento tarifario e incumplimientos estatales. Bajo esta lógica, Metrogas se presenta como una víctima de la política energética, ocultando bajo tecnicismos que, aun en crisis, ha operado como un monopolio natural garantizado.
El nudo gordiano: la prórroga de la licencia
El escollo final es la supervivencia misma del contrato. La licencia actual vence en diciembre de 2027. Metrogas ya solicitó formalmente una prórroga por 20 años adicionales, amparándose en las modificaciones introducidas por la Ley Bases que extendieron los plazos originales de renovación.
El Gobierno tiene la última palabra sobre esta concesión hasta el año 2047. El mercado especula con que la resolución de esta prórroga será la moneda de cambio para definir el precio final de venta. Sin la extensión asegurada, Metrogas es un activo con fecha de vencimiento; con ella, es el reaseguro de una renta extraordinaria para la próxima generación de «dueños del gas» en Argentina.
