El control de los minerales críticos como eje de la soberanía brasileña
En una reciente intervención en el programa televisivo Sem Censura, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, marcó un cambio de rumbo en la política extractiva del gigante sudamericano al declarar que los “minerales críticos y las tierras raras son temas relacionados con la seguridad nacional”. Esta postura busca blindar recursos que hoy son vitales para la transición tecnológica global, en un contexto donde Brasil ostenta el 23% de las reservas mundiales, posicionándose como la segunda potencia en la materia, solo superada por China.
Un cambio de paradigma frente al modelo extractivo tradicional
La propuesta del Ejecutivo brasileño pretende romper con la inercia histórica de la exportación de productos primarios. Lula fue tajante al señalar que el país “no volverá a utilizar el modelo que históricamente ha empleado con el hierro”, el cual se caracteriza por la venta de materia prima sin valor agregado. El objetivo declarado es forzar un proceso de transferencia tecnológica, advirtiendo a los inversores internacionales que “queremos que el proceso de transformación sea hecho en Brasil”.
Institucionalización y control estatal de los recursos críticos
Para operativizar esta visión, el gobierno anunció la creación de una estructura de gobernanza centralizada. El mandatario informó que “se establecería un consejo nacional bajo la autoridad directa de la Presidencia” con el fin de jerarquizar el tratamiento de las tierras raras como una política de Estado a largo plazo. Este movimiento busca evitar que la gestión de estos minerales quede dispersa en dependencias técnicas menores, otorgándole un peso político que facilite la negociación con socios extranjeros interesados en “investigar, prospectar y realizar la industrialización” en suelo brasileño.
El impacto social y la redistribución de la renta mineral
Más allá de la geopolítica, el plan contempla una dimensión social inspirada en experiencias previas de la industria de hidrocarburos. El Ejecutivo defendió la creación de un fondo soberano, similar al del Pré-sal, para asegurar que los “beneficios obtenidos de la explotación minera lleguen directamente a los ciudadanos brasileños”. Según la visión oficial, estos activos no deben ser solo una cifra macroeconómica, sino que “tienen que transformarse en un motor para el crecimiento económico”, especialmente en las zonas más postergadas del país.
