La administración central oficializó este viernes 14 de agosto, a través del Boletín Oficial, el DNU 736/2026, una medida de ruptura que busca flexibilizar el otorgamiento de préstamos en dólares. La norma impacta directamente sobre regulaciones vigentes desde el año 2002 y modifica el artículo 63 de la Ley de Presupuesto de 2009, profundizando el camino de la desregulación financiera.
Sin embargo, el texto legal revela una contradicción significativa respecto a la narrativa oficial. Según el economista de CEPA, Hernán Letcher, el decreto omite un dato central: el tope del 15% para los préstamos en dólares a empresas que el Ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado públicamente apenas 24 horas antes.
Discrecionalidad técnica y ausencia de límites
Al no incluir este límite en el cuerpo del decreto, la potestad regulatoria sobre el flujo de estos créditos queda delegada de forma absoluta en el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta «omisión» técnica otorga un margen de discrecionalidad que contradice las promesas de previsibilidad esgrimidas por el Palacio de Hacienda.
Letcher advierte que esta falta de precisiones normativas no es solo un detalle administrativo, sino un cambio en la arquitectura de financiamiento que deja la decisión «a tiro» de las autoridades monetarias, sin los resguardos legislativos que establecían las normas previas.
La sombra de la inconstitucionalidad
Más allá de la política económica, el DNU 736 nace bajo el riesgo de la judicialización. El análisis de la fuente citada destaca que la «necesidad y urgencia» requerida para eludir el paso por el Congreso no aparece debidamente justificada en los considerandos de la medida.
Este vicio procedimental adquiere relevancia institucional ante los precedentes judiciales recientes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló recientemente la invalidez de decretos similares por la ausencia de requisitos de urgencia técnica acreditada. En términos políticos, el uso del DNU para reformar leyes de presupuesto y marcos regulatorios de larga data podría enfrentar una resistencia inmediata en los tribunales, sumando incertidumbre a un mercado que el Gobierno busca, paradójicamente, dinamizar.
Impacto territorial y social
La flexibilización de estos créditos, orientada principalmente a grandes empresas, marca una priorización de la agenda financiera sobre la estabilidad cambiaria de largo plazo. Al eliminar topes fijos, el Gobierno apuesta a una entrada de divisas vía crédito, pero expone al sistema a una mayor volatilidad ante la falta de un marco legal rígido que ordene la asignación de recursos en moneda extranjera.
