A doce años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el sistema de justicia en México continúa sin ofrecer respuestas definitivas ni sentencias firmes. Según información publicada por RT en Español, la conmemoración de este nuevo aniversario expone la continuidad de una impunidad estructural que ha atravesado los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, trasladando ahora el reto institucional a la gestión de Claudia Sheinbaum.
Un crimen de Estado en el corazón del crimen organizado
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, un grupo de normalistas que buscaba trasladarse a Ciudad de México para participar en una manifestación fue interceptado en Iguala, Guerrero, enclave estratégico para el tráfico de drogas. La cacería armada, en la que operaron coordinadamente policías municipales, estatales, federales y efectivos del Ejército, dejó un saldo de seis personas asesinadas —entre ellas el estudiante Julio César Mondragón—, 25 heridos y 43 jóvenes desaparecidos.
A la fecha, el Estado mexicano solo ha logrado identificar los restos de tres de las víctimas: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, manteniéndose en el anonimato el paradero de los otros 40 normalistas. Esta parálisis judicial ocurre en un contexto de deterioro sistemático del tejido social: mientras en 2014 el país registraba 30.000 personas desaparecidas, hoy la cifra supera alarmantemente las 130.000 víctimas de desaparición.
El blindaje de las Fuerzas Armadas y el reclamo de las familias
El abordaje crítico de la investigación confirma que la persecución penal ha encallado tras chocar con los estamentos militares. Durante las movilizaciones registradas frente al 27.º Batallón de Infantería en Iguala, los familiares exigieron la entrega de 853 folios militares retenidos, los cuales contienen información clave sobre el traslado de al menos 25 estudiantes a dependencias del Ejército la noche de los hechos.
Reportes recabados por la organización de derechos humanos Tlachinollan reflejan la gravedad del desgaste humano generado por la dilación oficial. En sus declaraciones, Hilda Legideño, madre del normalista desaparecido Jorge Antonio Tizapa Legideño, denunció el sufrimiento de las familias y la inacción gubernamental: «Los 12 años han sido muy difíciles, no quisiéramos seguir caminando más y queremos ya una respuesta de las autoridades, pero niegan e inventan sus mentiras históricas que hacen mucho daño». El paso del tiempo ha cobrado ya la vida de ocho padres y madres que fallecieron sin conocer la verdad sobre el destino de sus hijos.
Deficiencias procesales, tortura y costo político
Aunque la administración de López Obrador catalogó formalmente lo sucedido como un «crimen de Estado» a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, las indagatorias se estancaron tan pronto como las pruebas señalaron la responsabilidad del Ejército. Pese al arresto de altos perfiles políticos como el exfiscal general Jesús Murillo Karam y el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, centenas de detenciones de civiles, policías y militares han terminado invalidadas debido a que los imputados fueron sometidos a torturas durante las investigaciones iniciales.
Las alertas señaladas de forma reiterada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH han dejado al descubierto las graves falencias técnico-jurídicas cometidas por las autoridades. La falta de condenas definitivas evidencia que la impunidad en Ayotzinapa no responde únicamente a deficiencias operativas, sino a un mecanismo de encubrimiento institucional que la nueva administración federal deberá desarticular si pretende garantizar el acceso a la verdad.
