El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió un análisis técnico sobre el proyecto de «Ley de Defensa de la Soberanía Nacional» presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Según el organismo de derechos humanos, aunque la iniciativa se introdujo públicamente bajo la causa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y contempla sanciones a la explotación no autorizada de recursos naturales, su texto rediseña áreas centrales de la estructura estatal.
El punto central del proyecto establece la creación del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), un órgano presidido por el Presidente de la Nación e integrado por ministros y el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. El CELS señala que este cuerpo no actuará como un ámbito meramente consultivo, sino como una estructura ejecutiva con capacidad para definir políticas obligatorias y transversales para todas las reparticiones públicas, fijar prioridades en materia de inteligencia estratégica y decidir sobre el empleo del instrumento militar.
Investigaciones directas, sanción administrativa y congelamiento de activos
De acuerdo con el informe publicado en cels.org.ar, el Título IV del proyecto otorga al Consejo de Seguridad Nacional la potestad de llevar adelante investigaciones administrativas y aplicar sanciones a personas físicas o jurídicas sin necesidad de intervención ni proceso judicial previo. Ante la evaluación de un «riesgo grave e inminente», el organismo podrá disponer medidas cautelares urgentes, entre las que se incluyen el congelamiento de activos financieros, la suspensión de autorizaciones comerciales y restricciones al comercio exterior.
El análisis advierte que la norma introduce un concepto de «Seguridad Nacional» indeterminado que reemplaza la delimitación legal vigente entre las esferas de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia. Esta amplitud conceptual permitiría calificar situaciones diversas como amenazas a la seguridad estatal, habilitando un régimen de excepción administrativo en el ámbito de la legislación ordinaria.
Tipificación penal, regulación de financiamiento y rol de las Fuerzas Armadas
El documento del CELS detalla además que el proyecto contempla reformas al Código Penal mediante la incorporación del artículo 225 bis, el cual prevé penas de 5 a 12 años de prisión para quienes ejecuten campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales o influir en la opinión pública con financiamiento externo.
Asimismo, la iniciativa retoma proyectos normativos vinculados a la regulación de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y medios de comunicación que reciben cooperación internacional, imponiendo un esquema de registro y fiscalización sobre el financiamiento extranjero. En paralelo, el texto otorga rango de ley al Registro de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo (RePET) y formaliza la ampliación de las funciones de las Fuerzas Armadas para la custodia de objetivos estratégicos y el combate contra actores no estatales.
El debate sobre las garantías constitucionales
En sus conclusiones, el CELS sostiene que la lucha por la soberanía en la causa Malvinas debe encauzarse a través de instrumentos diplomáticos, la protección de recursos naturales y el cumplimiento de las normas internacionales, sin recurrir a la concentración de facultades ejecutivas. El organismo concluye que la creación de estructuras con poder sancionatorio directo y definiciones ambiguas de amenaza compromete el equilibrio de poderes y las garantías constitucionales de la conversación pública democrática.
