Al cumplirse sesenta años de una de las acciones de reivindicación soberana más significativas sobre las Islas Malvinas en el siglo XX, la memoria del Operativo Cóndor se conmemora en todo el país entre actos institucionales y la condena pública por la decisión del Gobierno nacional de retirar de la exhibición pública sus pabellones históricos.
Diversos encuentros legislativos y comunitarios rinden homenaje al grupo de 18 jóvenes que en 1966 colocó el reclamo patrio en la agenda internacional. Sin embargo, la jornada está marcada por el repudio de organizaciones de excombatientes, familiares y referentes políticos ante la remoción de los símbolos patrios que se encontraban en custodia oficial en la Casa Rosada y en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
La hazaña del vuelo 648: 36 horas de soberanía en las islas
El 28 de septiembre de 1966, un contingente compuesto por 18 jóvenes peronistas y nacionalistas —encabezados por los dirigentes Dardo Cabo, Alejandro Giovenco y Juan Carlos Rodríguez— ejecutó la toma y desvío del vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas. La aeronave Douglas DC-4, que volaba hacia Río Gallegos, modificó su trayectoria rumbo al código 105 hasta lograr un aterrizaje de emergencia en una pista de carreras de caballos en Puerto Stanley.
Los integrantes del comando desplegaron siete banderas argentinas que flamearon durante 36 horas en suelo malvinense, rebautizando de forma simbólica a la capital como Puerto Rivero. La acción contó además con la presencia del empresario periodístico Héctor Ricardo García, director de Crónica, quien abordó el vuelo para cubrir el acontecimiento en tiempo real.
Tal como señala el periodista Martín Piqué en Tiempo Argentino, el grupo estuvo integrado por obreros metalúrgicos, estudiantes y empleados de diversos sectores sindicales y juveniles. Por su parte, la periodista Karina Micheletto destaca en Página|12 el rol determinante de la escritora y cronista María Cristina Verrier —única mujer del contingente y pareja de Cabo— en la concepción logística y estratégica del plan.
La maniobra, calificada como incruenta al no registrar víctimas ni heridos, concluyó tras la mediación del sacerdote católico Rodolfo Roel. Luego de entregar su armamento al comandante de la nave y no a las autoridades británicas, los participantes permanecieron bajo custodia antes de ser trasladados al continente, donde cumplieron condenas de prisión.
De la custodia de Verrier al traspaso con Cristina Fernández de Kirchner
Durante más de cuatro décadas, las siete insignias patrias utilizadas en la incursión permanecieron bajo el resguardo personal de María Cristina Verrier. El 24 de agosto de 2012 la viuda de Dardo Cabo hizo entrega formal de los siete pabellones históricos a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para incorporarlos al patrimonio del Estado.
En aquella oportunidad, las insignias fueron asignadas a sitios de representatividad histórica, soberana y espiritual: una de las banderas fue enviada al sur para descansar junto a los restos del expresidente Néstor Kirchner; otra fue consagrada en el Santuario de la Virgen de Itatí en Corrientes —en cumplimiento de una promesa formulada por los militantes en 1966—; y las restantes fueron destinadas al Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, la Basílica de Luján, el Museo del Bicentenario, el Patio Islas Malvinas de la Casa Rosada y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el predio de la ex-ESMA.
Condena generalizada ante la remoción de los pabellones por el Gobierno actual
A pocos días de alcanzarse el 60° aniversario de la gesta, la administración del presidente Javier Milei dispuso la quita de las banderas exhibidas en la Casa Rosada y en el Museo Malvinas. De acuerdo con información publicada por el portal especializado Agenda Malvinas y confirmada por voceros de la Secretaría de Cultura de la Nación, la enseña del Museo Malvinas fue trasladada a la reserva técnica institucional bajo el argumento oficial de llevar adelante un «proceso de ordenamiento y transformación» del relato museológico.
La medida provocó la inmediata condena de instituciones de derechos humanos, colectivos de excombatientes y familiares de los integrantes del operativo. Virginia Cabo, hermana de Dardo Cabo, denunció que la decisión busca «borrar parte de nuestra historia y de nuestro reclamo».
En el mismo sentido, Gerardo Salcedo, hijo de Edgardo Salcedo y delegado del museo, junto a Edgardo Esteban, exdirector de la entidad, repudiaron la remoción y cuestionaron el uso oportunista del discurso malvinero por parte del Ejecutivo. Paralelamente, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata intimó a las autoridades a resguardar el patrimonio y exigió la restitución urgente de los pabellones a la exhibición pública, mientras que legisladores nacionales como Eduardo Valdés y el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks encabezaron actos de desagravio en el Congreso de la Nación.
