El juicio oral por la denominada «Causa Cuadernos», que investiga una presunta red de sobornos durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, sumó un testimonio que sacude los cimientos de la acusación. El empresario entrerriano Daniel Pitón, integrante de la firma José Eleuterio Pitón S.A., declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que su confesión inicial como «arrepentido» fue falsa y producto de una coacción judicial para evitar quedar detenido.
Pitón, acusado como coautor de cohecho activo en este proceso que tiene a la ex presidenta como figura central junto a otros 85 imputados, rompió el silencio para desmentir sus dichos en la etapa de instrucción. «Nos vimos en la obligación de mentir para no ir presos», afirmó el constructor de 60 años, describiendo un mecanismo de presión donde la libertad ambulatoria funcionaba como moneda de cambio por declaraciones que incriminaran a funcionarios.
La «mentira necesaria» en el despacho de Bonadio
El relato del empresario expone las irregularidades en el manejo de la Ley 27.304 (Ley del Arrepentido) durante la etapa a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Pitón recordó que, al ser citado junto a su hermano José Luis, presentaron inicialmente un escrito con «la verdad», pero su abogado les advirtió que el texto «no era suficiente» para las pretensiones del juzgado.
Según su testimonio, tras una hora de espera para obtener la aprobación del despacho judicial, entendieron que si no admitían específicamente pagos de sobornos, serían remitidos a unidades penitenciarias ese mismo día. «Lo que dije fue para no quedarme ahí preso», insistió Pitón ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, desvinculando de cualquier pago ilícito al financista Ernesto Clarens: «A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie».
Un patrón de delaciones bajo sospecha
El caso del empresario entrerriano se suma a una serie de denuncias similares que apuntan a que el objetivo primordial de la instrucción era obtener nombres de la jerarquía política, específicamente el de Cristina Kirchner. Otros protagonistas de la causa han aportado pruebas de este sistema:
- Mario Rovella: Presentó un acta notarial fechada un día antes de su indagatoria donde advertía que reconocería delitos inexistentes solo por «estado de necesidad» para no ir a prisión.
- Carlos Wagner: El extitular de la Cámara Argentina de la Construcción admitió que, tras ocho días de detención, hubiera confesado cualquier hecho con tal de recuperar la libertad.
- Mariano Cúneo Libarona: El actual ministro de Justicia, quien fuera defensor en la causa, reconoció en el pasado haber recomendado a clientes «involucrar gente» porque, de lo contrario, quedarían presos.
Desde una perspectiva jurídica crítica, estas revelaciones ponen en jaque la constitucionalidad del proceso. Si bien la Ley del Arrepentido busca eficiencia investigativa, su validez depende de la voluntariedad de la declaración. Juristas señalan que el uso de la prisión preventiva como amenaza moral constituye una compulsión inaceptable que vulnera la garantía contra la autoincriminación forzada.
