Con 40 votos a favor, el oficialismo logró sancionar modificaciones que priorizan la explotación minera sobre la preservación de cuencas hídricas. La oposición denunció irregularidades en el debate y la comunidad científica advierte sobre daños irreversibles en las reservas de agua dulce.
En una sesión extraordinaria marcada por la tensión y el rechazo de la comunidad científica, el Senado de la Nación convirtió en ley la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en áreas anteriormente restringidas.
Una votación ajustada al federalismo minero
La Cámara Alta aprobó la modificación con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. El bloque oficialista, junto a aliados de provincias con intereses mineros, logró imponerse sobre un sector de la oposición que reclamaba la falta de debate técnico y el carácter regresivo de la norma.
Este resultado refleja la presión de la denominada «Mesa del Cobre», integrada por gobernadores de provincias cordilleranas que buscan destrabar inversiones mineras estimadas en miles de millones de dólares. Según los fundamentos del proyecto, la reforma busca «compatibilizar» la protección ambiental con el desarrollo productivo, otorgando a las provincias mayor discrecionalidad en la gestión de sus recursos naturales.
Oposición: denuncias de «seguridad jurídica para los negocios»
Desde la oposición, el rechazo fue contundente tanto en el fondo como en las formas del debate parlamentario. La senadora Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) denunció graves irregularidades durante la sesión. «Nos dejaron un papelito con modificaciones que ni siquiera tiene el membrete del Senado», cuestionó, señalando que los cambios se negociaron por fuera de las comisiones públicas. Para Di Tullio, el proceso careció de transparencia: «Acá de lo único que se habló es de minería; si querían seguridad jurídica, lo que menos hicieron fue dársela».
Por su parte, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) fundamentó el rechazo de su bloque basándose en la defensa del principio precautorio. «Consideramos que los presupuestos mínimos actuales están perfectamente enmarcados para la inversión minera y la preservación ambiental», afirmó. Capitanich advirtió que la reforma debilita la protección de cuencas hidrográficas esenciales no solo para el consumo humano, sino para la biodiversidad y la producción regional.
El veredicto de los expertos: un «retroceso inconstitucional»
La comunidad científica y académica sostiene que esta reforma no representa una actualización técnica, sino un desmantelamiento de la protección ambiental.
Científicos del CONICET e IANIGLA: Diecisiete investigadores expertos en glaciología rechazaron los cambios por considerarlos «imprecisos e inconsistentes». Advirtieron que excluir del inventario a cuerpos de hielo menores a una hectárea o a glaciares de escombros «inactivos» ignora su rol vital como reservas estratégicas en contextos de sequía extrema y cambio climático.
Asociación de Abogados Ambientalistas: Señalaron que la norma vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional y el principio de no regresión ambiental. Según la organización, la reforma convierte un piso de protección en un «sótano regulatorio», permitiendo la destrucción de ecosistemas que actualmente están resguardados por ley.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN): El director ejecutivo, Andrés Nápoli, denunció que la reforma otorga a las provincias la facultad discrecional de decidir qué glaciares proteger, desmantelando el esquema de protección uniforme para todo el país.
La reforma aprobada delega en las autoridades provinciales la potestad de determinar la «relevancia hídrica» de cada glaciar, lo que para los especialistas abre una puerta a la desprotección sistemática en favor de proyectos extractivos.
