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Represión en Chile: El ajuste de Kast enfrenta su primera resistencia masiva bajo fuego policial

Estudiantes y docentes enfrentan una violenta represión en Santiago tras protestar contra el ajuste fiscal de Kast.

El escenario político en Chile ha alcanzado un punto de ebullición tras la respuesta estatal a las movilizaciones masivas convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores. El Cuerpo de Carabineros, bajo directrices del Ejecutivo, reprimió “violentamente” una marcha que originalmente buscaba manifestar el rechazo social a los planes de ajuste económico del mandatario. Esta jornada representa el primer gran enfrentamiento en las calles desde la instalación del gobierno de José Antonio Kast, evidenciando una fractura profunda entre las políticas de la administración de derecha y las demandas de los sectores educativos.

 

El despliegue de la fuerza ante el descontento social

 La represión en el centro de Santiago se caracterizó por el uso intensivo de tácticas disuasivas que afectaron tanto a manifestantes como a transeúntes. Según reportes del lugar, las fuerzas especiales emplearon “carros lanza aguas y gases lacrimógenos”, además de utilizar “perros sin bozal” para amedrentar a los jóvenes que se desplazaban por la Alameda. Testigos presenciales denunciaron que la estrategia policial incluyó a “agentes encapuchados” dirigiendo las cargas, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y legalidad de los protocolos utilizados para contener una movilización que las organizaciones calificaron como pacífica.

El trasfondo de la «Megarreforma»: ajuste y privatización

El detonante de la crisis es un paquete legislativo de corte neoliberal que busca transformar la estructura fiscal del país. Los voceros de las organizaciones sociales señalaron que la paralización es una respuesta directa a una “megarreforma tributaria que busca amarrar fiscalmente al país por 25 años”, otorgando privilegios a los sectores más acaudalados. Para los manifestantes, estas políticas no son simples ajustes técnicos, sino que “benefician directamente a los grandes grupos empresariales” a costa de desfinanciar servicios estatales críticos para las familias trabajadoras.

Criminalización de la educación y control territorial

A la par del ajuste económico, el gobierno ha impulsado normativas de control social que han profundizado el malestar en las comunidades educativas. El rechazo es rotundo hacia el proyecto de ley «Escuelas Protegidas», del cual denuncian que “implementa medidas punitivas y de castigo” como la revisión de mochilas, defendida por la ministra María Paz Arzola. En lugar de atender las raíces de la violencia escolar, como la salud mental o la crisis social, el Ejecutivo ha optado por un enfoque de seguridad que, según las organizaciones, solo logra que los grupos se reagrupen bajo la consigna “La educación defiende las calles”.

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