El movimiento Ni Una Menos cumple este miércoles 3 de junio de 2026 once años de vigencia política en la Argentina. La efeméride no es celebratoria; la movilización federal llega atravesada por la conmoción del femicidio de Agostina Madeleine Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, cuyo caso se convirtió en el eje central de las demandas hacia el sistema judicial y el Poder Ejecutivo.
A las 17:00, las concentraciones tendrán su epicentro en la Plaza del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires y en Colón y Cañada, en la capital cordobesa. El reclamo se produce en un escenario de quiebre institucional: las organizaciones denuncian el desmantelamiento definitivo de los ministerios y programas que gestionaban las políticas de prevención de la violencia.
El caso Agostina y la «desidia organizada»
Agostina Vega desapareció en Córdoba y su cuerpo fue hallado una semana después en un descampado. El principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier, ex pareja de la madre de la menor, se encuentra detenido. Desde el colectivo Ni Una Menos, según declaraciones recogidas por Página|12, calificaron el hecho como una «desidia organizada desde el Estado«.
La organización cuestiona al fiscal Raúl Garzón por las demoras en la búsqueda y por haber revictimizado a la joven, adjudicando la tardanza a su condición de habitante de un barrio popular. Esta lectura territorial señala que, ante sistemas de alerta existentes, la efectividad de la justicia sigue condicionada por la clase social de la víctima.
Estadísticas en disputa y retiro del Estado
La gestión de Javier Milei ha profundizado la polarización respecto a las cifras. Mientras el Gobierno, a través de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, informa una supuesta disminución en los «homicidios de mujeres«, las organizaciones civiles mantienen alertas rojas.
- El Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven» registró 43 víctimas fatales de violencia de género entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2026.
- La frecuencia de la violencia letal se estima en un femicidio cada 29 a 31 horas, dependiendo del registro.
- Un dato crítico aportado por el observatorio es que el 19% de las víctimas ya había denunciado a sus agresores con anterioridad, lo que expone fallas sistémicas en las medidas de protección.
Desde la Casa Rosada, fuentes oficiales citadas por Infobae cuestionan la «politización» de la marcha y minimizan el impacto que el caso Agostina pueda tener en la convocatoria. Sin embargo, la movilización suma este año el rechazo al ajuste económico y a proyectos legislativos como el de «falsas denuncias» impulsado por la senadora Carolina Losada, al que las organizaciones señalan como una herramienta para silenciar a las víctimas.
Implicancias políticas del 3J
La marcha del 2026 funciona como un termómetro de la resistencia social frente a la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, disuelta en 2024. La parálisis de la Línea 144 y la falta de presupuesto territorial han dejado a las provincias, especialmente las más alejadas de la capital, con dispositivos de protección limitados.
En este contexto, el Ni Una Menos ya no solo reclama contra el «macho violento«, sino contra una estructura estatal que, según el documento consensuado para la lectura en el Congreso, utiliza el poder para estigmatizar al colectivo de mujeres y disidencias. La masividad proyectada para esta jornada obligará a la administración central a confrontar una realidad estadística que la retórica oficial intenta omitir.
