Martín Llaryora ha consolidado en Córdoba un modelo de gestión que, bajo una pátina de eficiencia institucional, se alinea con la matriz de ajuste de Javier Milei. Esta deriva, que muchos sectores definen como un «peronismo de derecha» despojado de sus banderas históricas de justicia social, enfrenta hoy su crisis más profunda: la responsabilidad política ante el femicidio de Agostina Vega y la evidencia de un Estado que retrocede en la protección de los sectores más vulnerables.
El «pacto» con Milei: Votos y propaganda
Lejos de una oposición real, Llaryora ha tejido una alianza táctica con la Casa Rosada. Su bloque legislativo ha sido fundamental para garantizar votos clave en el Congreso, bajo un pragmatismo que el oficialismo provincial denomina «principio de realidad». Sin embargo, la sintonía no termina en las leyes: la administración cordobesa destina fondos públicos para sostener el ecosistema digital libertario.
Según datos del Portal de Transparencia, el gobierno de Córdoba pautó con Madero Media Group, la empresa de Fernando Cerimedo que controla La Derecha Diario. Mientras el gobernador ajusta en áreas sensibles, financia con 12 millones de pesos anuales a un medio dedicado a la propaganda militante de Milei y al ataque sistemático de la oposición. Este flujo de fondos ocurre en un contexto donde el presupuesto para el Ministerio de la Mujer sufrió una caída real del 19,2%, afectando programas de prevención y botones antipánico.
El caso Agostina Vega y el desamparo estatal
El femicidio de Agostina Vega expuso las consecuencias de este repliegue del Estado. Tras el hallazgo del cuerpo, el gobernador y su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ensayaron una estrategia de «control de daños», pidiendo disculpas a la familia por no haber estado presentes durante la investigación.
La crisis golpea el corazón del «cordobesismo»: el principal sospechoso, Claudio Barrelier, tenía vínculos con el punteraje del PJ Capital, habiendo ingresado como becario municipal a través de redes clientelares. Mientras el gobierno intenta encuadrar el hecho como un «crimen de orden privado», las organizaciones sociales que marchan este 3J denuncian que la desarticulación de las políticas de género y la falta de perspectiva de la Justicia provincial —que había dejado libre a Barrelier en una causa previa— son responsabilidades directas de la gestión.
Un presupuesto que niega la justicia social
El análisis del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) revela que el «modelo Córdoba» prioriza el fomento a las actividades primarias y la infraestructura para el agro, mientras desfinancia los servicios sociales. Entre 2012 y 2024, la inversión en gasto social cayó del 52% al 48%, con recortes brutales en Vivienda (-71,7%) y Asistencia Social (-27%).
Esta estructura presupuestaria confirma una ruptura con el origen del movimiento peronista. La gestión de Llaryora prefiere financiar consultoras de marketing digital y medios libertarios antes que cumplir con la ley provincial que exige un 35% del presupuesto para Educación, rubro que hoy apenas recibe el 31,2%. En definitiva, Córdoba se ha convertido en el laboratorio de un ajuste que, por acción u omisión, es socio estratégico del proyecto de Javier Milei.
