El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en la ejecución de su reforma laboral con la publicación del Decreto 408/2026 en el Boletín Oficial.
La norma reglamenta el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que sustituye el sistema tradicional de indemnizaciones por un esquema de capitalización financiera gestionado por el mercado de valores, lo que ha despertado fuertes críticas por la desprotección de los trabajadores ante el despido arbitrario.
El fin de la indemnización tradicional y el giro hacia la CNV
A diferencia del régimen histórico de la Ley de Contrato de Trabajo, el FAL desplaza la responsabilidad directa del empleador hacia «vehículos de inversión colectiva«.
Estos fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros no serán supervisados por la Secretaría de Trabajo, sino por la Comisión Nacional de Valores (CNV), transformando un derecho social en un activo financiero.
La abogada laboralista Natalia Salvo, en declaraciones para el programa «Caballero de Día» en Somos Radio AM 530, denunció que con este esquema «desaparece la indemnización por despido y el preaviso ante cualquier forma de extinción«.
Según la especialista, al eliminar el costo directo para la empresa, se anula el efecto disuasivo que debe tener la indemnización frente al despido sin causa, facilitando que las grandes empresas se desprendan de personal sin mayores consecuencias económicas.
Precarización y barreras al cobro
Uno de los puntos más polémicos de la reglamentación es la imposición de una antigüedad mínima de 12 meses de registro para que un trabajador tenga derecho a la cobertura del fondo.
Esto, sumado a la ampliación de los períodos de prueba, genera un escenario donde el empleado puede ser despedido sin percibir resarcimiento alguno durante casi el primer año de relación laboral.
«Es una forma de precarizar la vida laboral«, advirtió Salvo, señalando que el sistema busca tratar a los trabajadores como mercancía descartable, citando la controvertida metáfora de «comer y descomer trabajadores«.
Asimismo, el fondo no podrá ser utilizado en casos de quiebra de la empresa, lo que deja un vacío de cobertura en un contexto de cierre de pequeñas y medianas empresas.
Condonación a incumplidores y desfinanciamiento de la seguridad social
En el mismo paquete de medidas, el Decreto 409/2026 reglamentó un «Régimen de Promoción del Empleo Registrado» que consiste, en la práctica, en una condonación masiva de deudas para empleadores que no registraron a sus dependientes.
El perdón estatal alcanza entre el 70% y el 90% del capital e intereses por aportes y contribuciones no pagados.
Este esquema, sumado a que los empleadores podrán detraer de sus cargas sociales los montos destinados al FAL, implica un severo desfinanciamiento del sistema de seguridad social.
Salvo alertó que esta maniobra impacta directamente sobre el erario público y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), subordinando los derechos humanos laborales a los intereses del «poder financiero internacional» y a las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Aunque la reglamentación ya es oficial, el Gobierno dispuso una prórroga para la entrada en vigencia del sistema del FAL hasta el 1° de noviembre de 2026, una demora que especialistas atribuyen tanto a la complejidad técnica de la implementación como a las disputas políticas internas dentro del gabinete.
