En una entrevista concedida al programa La Tarde Con Carlos Polimeni (LTCCP) por la señal Somos Radio AM 530, el senador nacional Mariano Recalde adelantó los resultados de un informe del Consejo de la Magistratura sobre las condiciones de detención domiciliaria en el ámbito federal. Según el legislador, el relevamiento de aproximadamente 5.000 casos expone una disparidad sistemática en el trato hacia la expresidenta, afirmando que «la persona que más restricciones tiene estando en prisión domiciliaria de todo el país es Cristina Fernández».
Restricciones de visitas y monitoreo electrónico
El informe, presentado formalmente en la Facultad de Derecho de la UBA, jerarquiza datos sobre el uso de tobilleras electrónicas y permisos de salida. Recalde destacó que la situación de la exmandataria es anómala incluso frente a criminales de alta peligrosidad, señalando que sufre «más restricciones que las que tienen los genocidas de la última dictadura militar». Mientras que la gran mayoría de los detenidos bajo este régimen no enfrenta límites severos para recibir allegados, el senador precisó que «solo el 1,76% de los detenidos tiene restricciones a las visitas», grupo en el cual Cristina Kirchner está incluida de forma discrecional.
La defensa y sus aliados políticos interpretan estas medidas no como procedimientos de rutina, sino como una extensión de la persecución judicial. En el caso de Kirchner, el régimen se habría endurecido recientemente, limitando sus encuentros sociales a solo dos veces por semana durante un lapso de dos horas. Para Recalde, el uso de tecnología de monitoreo en este contexto es «totalmente irrazonable e innecesaria», dado que la exfuncionaria cuenta con custodia permanente y ha demostrado voluntad de ajustarse a los procesos judiciales.
Implicancias políticas y el antecedente de la confiscación de bienes
El análisis de los sectores que denuncian «lawfare» sugiere que el objetivo último de estas sentencias trasciende lo jurídico para impactar en la arena electoral. Recalde argumentó que el fallo busca la «imposibilidad de hacer política», utilizando la inhabilitación para cargos públicos como la herramienta principal de proscripción. Según esta perspectiva crítica, el sistema judicial opera con una lógica de castigo ejemplificador para disciplinar a dirigentes que confrontan con los poderes establecidos.
Asimismo, se señaló con preocupación una nueva ofensiva sobre el patrimonio de la familia Kirchner, comparándola con medidas tomadas por regímenes de facto en 1955 y 1976. El senador advirtió que el Poder Judicial avanza ahora con un «ensañamiento y odio porque van por la confiscación de todos sus bienes», incluyendo el patrimonio de sus hijos. Esta acción es calificada por los entrevistados como inusual en la jurisprudencia argentina, donde normalmente el condenado responde solo con sus propios activos, marcando un precedente de persecución económica territorial y familiar.
El escenario de cara a la reorganización del peronismo
La instrumentalización de las condiciones de detención se da en un marco de alta polarización, donde las encuestas de opinión aún posicionan a la expresidenta como una figura central de la oposición. En la entrevista con AM 530, se planteó que este endurecimiento judicial responde a la necesidad del poder económico de «impedir que se reorganice el peronismo» bajo su liderazgo. Recalde recordó que en 2016 el intento de encarcelamiento falló por la movilización popular, sugiriendo que la actual estrategia busca una asfixia política y personal definitiva.
Finalmente, el legislador vinculó estas acciones con un plan de disciplinamiento social y político más amplio. Sostuvo que la intención de la denominada «mafia judicial» es evitar que Kirchner repita su rol estratégico de 2019, concluyendo que el objetivo es «disciplinar a los dirigentes políticos para que vean lo que les pasa a quien se enfrenta al poder». El informe presentado pretende ser una prueba estadística del uso selectivo de la ley con fines de hostigamiento político en democracia.
