En una admisión que clarifica la estrategia de gestión de recursos públicos, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el Poder Ejecutivo desvía fondos con asignación específica para el mantenimiento de caminos hacia la caja general del Tesoro. Durante una entrevista con El Diario de La Pampa, el funcionario reconoció que “una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía” para cubrir otras urgencias presupuestarias. Esta práctica, que afecta directamente la infraestructura federal, expone una jerarquización donde la estabilidad macroeconómica financiera se antepone a la inversión en bienes de capital y seguridad vial.
La justificación del ajuste bajo la «herencia» recibida
Desde la administración central, se intenta justificar esta maniobra como una medida excepcional dictada por la urgencia de “lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”. Sin embargo, esta interpretación omite que el Impuesto a los Combustibles (ITC) tiene, por normativa, un destino fijado por ley que no debería quedar a merced de la discrecionalidad del Ministro Luis Caputo. La falta de transparencia en la distribución de estos recursos es tal que el propio vocero admitió: “lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas”, dejando en evidencia la opacidad en el manejo de las partidas de Vialidad Nacional.
Millones en el sistema financiero mientras las rutas se deterioran
El contexto de estas declaraciones se vuelve más crítico al contrastarlo con datos del fideicomiso vial: de los 1,5 billones de pesos recaudados en los últimos dos años y medio, solo una cuarta parte se ejecutó para su fin original. Mientras el mantenimiento de las arterias nacionales languidece, el Estado retiene más de 1 billón de pesos en instrumentos financieros como plazos fijos y títulos públicos. A pesar de esta evidencia, Ravier ensayó una defensa de la gestión actual al sostener que “Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas”, aunque sin precisar porcentajes ni planes de obra concretos frente al deterioro denunciado por mandatarios provinciales.
Implicancias territoriales y el choque con las provincias
Esta política de retención de fondos ha generado un fuerte rechazo en el interior del país, particularmente en La Pampa, donde el intendente Luciano di Nápoli señaló que la falta de obras no responde a una carencia de recursos, sino a una decisión política deliberada. El conflicto escala en términos de federalismo, ya que las provincias sufren el deterioro de su conectividad y seguridad mientras los impuestos cobrados a sus ciudadanos se licúan en la City porteña. Ante las quejas por el estado de las calzadas, el vocero se limitó a una apreciación subjetiva: “yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en dos años y medio no estaría como está, estaría peor”, una declaración que minimiza el impacto social y económico de la desinversión vial en el territorio nacional.
