Un operativo militar arrasó 24 viviendas y servicios esenciales en el territorio ocupado. Organizaciones de derechos humanos y líderes globales denuncian una política de desplazamiento forzado, mientras el Gobierno israelí respalda las demoliciones en resoluciones judiciales.
Las fuerzas militares y policiales de Israel llevaron a cabo un operativo masivo de demolición en la aldea palestina de Jinba, ubicada en la región de Masafer Yatta, al sur de la Cisjordania ocupada. Durante el procedimiento, excavadoras del Ejército destruyeron 24 viviendas residenciales, así como estructuras agrícolas, paneles solares y depósitos de agua potable esenciales para la supervivencia de la comunidad local.
De acuerdo con el reporte original publicado por la cadena internacional de noticias RT, la incursión dejó sin refugio a aproximadamente 180 personas, entre las cuales se contabilizan 85 niños. Tras el paso de la maquinaria pesada, las familias locales permanecieron en el lugar buscando rescatar sus pertenencias e insumos básicos de entre las ruinas.
Destrucción de viviendas e infraestructura básica en Jinba
Las demoliciones en Masafer Yatta perpetradas este miércoles representan el tercer operativo de gran escala ejecutado por las fuerzas israelíes en esta zona rural en un lapso de apenas tres semanas. La pérdida de infraestructura no se limitó a las estructuras habitacionales, sino que afectó directamente los medios de subsistencia de los pobladores.
La destrucción sistemática de depósitos de agua y paneles solares interrumpió el suministro eléctrico e hídrico de Jinba, agravando las condiciones de vulnerabilidad de las familias afectadas. Testimonios audiovisuales y fotográficos difundidos por RT muestran a mujeres y menores de edad sentados entre las ruinas de las estructuras colapsadas.
Testimonios locales y denuncias de organizaciones de derechos humanos
Los residentes afectados manifestaron el impacto humano directo que generan estas incursiones sobre la población civil. Un habitante de la zona relató a RT la angustia sufrida por su familia, señalando que la demolición de la vivienda que él mismo construyó no resulta tan dolorosa como ver a su nieta, una bebé de dos meses de edad, expuesta directamente al sol durante toda la jornada tras perder su hogar.
En el plano institucional, la organización israelí de derechos humanos B’Tselem emitió un pronunciamiento crítico respecto al accionar de las fuerzas de seguridad. La entidad definió la intensificación de las demoliciones en Masafer Yatta como una «limpieza étnica a plena luz del día», advirtiendo sobre el carácter continuo de las expulsiones.
Condena internacional en la ONU y antecedentes del conflicto territorial
El impacto del operativo resonó en los ámbitos diplomáticos internacionales. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el rey Abdalá II de Jordania denounced de manera explícita la situación en Cisjordania. El monarca sostuvo que los acontecimientos no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una política coordinada para forzar el abandono de las tierras por parte de la población palestina.
En su discurso, el jefe de Estado jordano calificó estas acciones como un «desplazamiento forzado» y las encuadró jurídicamente como un «crimen de guerra». Paralelamente, la Autoridad Nacional Palestina instó a la comunidad internacional a adoptar una posición firme frente a las acciones de las fuerzas israelíes en los territorios ocupados.
La postura oficial del Gobierno de Israel y el marco judicial
Por su parte, el Gobierno de Israel rechaza categóricamente las acusaciones formuladas por organismos de derechos humanos y mandatarios internacionales. Las autoridades israelíes argumentan que las demoliciones se ejecutan en estricto cumplimiento del marco legal vigente en su jurisdicción.
La postura oficial israelí se ampara en una resolución emitida en 2022 por el Tribunal Supremo de Israel, la cual determinó que la zona de Masafer Yatta constituye un polígono de entrenamiento militar del Ejército. Dicho fallo judicial, que habilitó el desalojo de los pobladores locales, ha sido objeto de severas críticas y cuestionamientos por parte de relatores y expertos de las Naciones Unidas, quienes señalan que la normativa contraviene el derecho internacional humanitario.
