En una entrevista conducida por el periodista Marcos Tadini en el programa Caballero de Día de Somos Radio AM 530, el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) de Mar del Plata, Gastón Venturi, describió un panorama alarmante sobre la situación del organismo. El dirigente gremial fue categórico al señalar que la gestión actual avanza hacia un «desguace total del PAMI lo venimos denunciando hace dos años». Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, se traduce en un progresivo vaciamiento de las delegaciones en todo el territorio nacional y una caída severa en la calidad de la atención médica para los jubilados.
La asfixia salarial como método de reducción de personal
La pérdida del poder adquisitivo de los empleados del organismo funciona como el principal motor de un ajuste silencioso. El representante sindical denunció que los programas de desvinculación promovidos por el actual gobierno no son más que «despidos encubiertos porque en definitiva todo se concatena por el tema del salario». Según detalló Venturi, mientras la inflación devastó los ingresos de los trabajadores en el último período, los aumentos para el personal de la obra social resultaron prácticamente inexistentes. El líder gremial precisó que «en 2 años perdimos el 55% de la masa salarial», una cifra que expone la magnitud de la licuación de los ingresos frente a un incremento de apenas el 3% en dicho lapso.
El desmantelamiento de la prevención y la infraestructura social
La desfinanciación de la obra social no solo afecta los ingresos del personal, sino que golpea directamente la red de contención social que históricamente previno mayores problemas de salud en la tercera edad. Desde la organización sindical lamentan que el abandono estatal de las áreas sociales debilite la estructura comunitaria que asiste a los afiliados. Venturi criticó severamente esta falta de visión preventiva al afirmar que «como no hay políticas sociales en el país no hay políticas sociales tampoco en el instituto». A su vez, remarcó la importancia de sostener los espacios de encuentro de los adultos mayores, advirtiendo que «cuanto más vida tengan los jubilados menos va a ser el uso de medicamentos» de alta complejidad.
Demoras críticas en tratamientos oncológicos y de riesgo
El impacto de esta parálisis administrativa y presupuestaria se traduce de manera inmediata en riesgos para la vida de los afiliados. Las autorizaciones de insumos médicos vitales, que antes se resolvían en pocos días hábiles mediante sistemas centralizados, hoy sufren postergaciones injustificables. Al respecto, Venturi ilustró la gravedad de la situación señalando que «hoy está tardando de 10 a 15 días un medicamento oncológico». La misma ineficacia estatal afecta a pacientes con patologías crónicas como diabetes o afecciones cardiovasculares, cuyos tratamientos experimentan demoras que llegan a alcanzar los dos meses.
Clínicas en huelga y la exclusión de los pacientes mayores
El escenario prestacional se complica aún más por la falta de pago de las cápitas a los efectores privados y las medidas de fuerza en diversos centros de salud. En distritos clave como Mar del Plata, donde la población de adultos mayores representa el 30% del total de los habitantes, la falta de infraestructura y financiamiento genera situaciones de desprotección extrema. El referente de SUTEPA describió la postura corporativa de las prestadoras privadas frente a este escenario, indicando que «las clínicas en su mayoría no quieren atender al jubilado porque el jubilado da pérdida».
Entre el fantasma de los noventa y la necesidad de normalización
Frente a las versiones que sugieren descentralizar el organismo, los trabajadores advierten sobre el riesgo de repetir recetas económicas que ya fracasaron en el pasado. El gremio rechaza cualquier intento de transferir la obra social a las órbitas provinciales, una medida que asocian directamente con las políticas de ajuste de décadas anteriores. Venturi alertó que «la provincialización del instituto es el peor error que puede haber». Para el dirigente, la única salida viable frente a la crisis es recuperar la autonomía financiera y de gestión mediante la «normalización del instituto y que no tenga nada que ver con el Estado».
