El sector público del Reino Unido mantiene vínculos contractuales de gran envergadura con corporaciones internacionales directamente asociadas a la colonización de territorios palestinos. Empresas señaladas por la ONU por su participación en asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada poseen actualmente contratos públicos en suelo británico. Estas adjudicaciones suman un valor total de miles de millones de libras esterlinas. Ante esta situación, el profesor de derecho internacional de la London School of Economics, Stephen Humphreys, advierte que “cada vez hay más pruebas de que el Reino Unido podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales” al sostener convenios con estas entidades.
Servicios estratégicos bajo la lupa
El grueso de estos fondos se concentra en servicios esenciales que sostienen la infraestructura nacional, tales como el mantenimiento de carreteras, el transporte, los servicios de emergencia y los permisos de conducción. Esta provisión estatal sitúa al país en un escenario controvertido, ya que las autoridades continúan otorgando recursos públicos “al seguir contratando con entidades identificadas por la ONU” como activas en zonas de conflicto.
Corporaciones y filiales en el centro de la polémica
La corporación estadounidense Motorola Solutions concentra la gran mayoría de la facturación pública británica, operando principalmente a través de su filial Airwave Solutions. El rol de esta multinacional y otras empresas extranjeras ha sido duramente cuestionado, ya que se las señala por actuar “como proveedoras de este tipo de asistencia” a los asentamientos ilegales, ligando de forma indirecta los impuestos británicos con la ocupación territorial.
El listado de corporaciones implicadas también incluye a la constructora alemana Heidelberg Materials, el grupo de ingeniería francés Egis, el fabricante de trenes español CAF y el conglomerado chino Fosun. Esta masiva tercerización en firmas denunciadas sustenta la tesis de Humphreys sobre las serias implicaciones legales del Reino Unido, señalando que la administración pública vulnera el derecho internacional “al seguir contratando con entidades identificadas por la ONU como proveedoras”.
Presión política y futuro de las adquisiciones
En respuesta, diputados laboristas británicos exigen al gobierno una prohibición total del comercio con asentamientos israelíes ilegales, medida bajo evaluación del primer ministro Andy Burnham. Esta demanda parlamentaria coincide con las alertas académicas que sugieren que el Estado británico se expone a sanciones y juicios puesto que “cada vez hay más pruebas de que el Reino Unido podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales” en materia de derechos humanos.
