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Evo Morales vincula a Fernando Cerimedo con la CIA

El exmandatario boliviano Evo Morales sostuvo que la detención de Fernando Cerimedo, acusado de corrupción, expone una red de injerencia vinculada a la CIA y genera fuertes tensiones en el gobierno de Rodrigo Paz.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que el consultor argentino Fernando Cerimedo es un agente vinculado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, con operaciones activas en Sudamérica y Centroamérica. Las declaraciones fueron emitidas originalmente durante una entrevista en el programa Somos Radio AM 530, en la misma semana en que se conoció la detención del consultor argentino, quien enfrenta cargos por presunta corrupción e intento de feminicidio. El hecho fue reportado por la cadena internacional de noticias teleSUR.

Durante su intervención radial, Morales sostuvo que Cerimedo se habría desempeñado como el brazo ejecutor de planes con propósitos similares al histórico Plan Cóndor en la región. No obstante, el líder político estableció una distinción respecto a los métodos del siglo pasado, argumentando que en la actualidad la hegemonía extranjera no se implementa a través de mandos militares de coroneles o generales, sino mediante la acción coordinada de tribunales electorales, jueces y fiscales abocados a la manipulación institucional y a la proscripción de candidatos. Según Morales, esta ofensiva responde a una reactivación de la «Doctrina Monroy» promovida por los Estados Unidos con el fin de consolidar su poder económico global y recuperar el control sobre los recursos naturales de América Latina.

Fracturas políticas y cuestionamientos al gobierno de Rodrigo Paz

La detención de Cerimedo, sumada a las declaraciones públicas realizadas por su expareja sentimental, ha abierto un escenario de severos cuestionamientos y controversias en torno a la administración del actual presidente boliviano Rodrigo Paz, desatando uno de los escándalos de corrupción de mayor resonancia institucional. Morales aseveró que el caso ha expuesto profundas divisiones dentro del oficialismo boliviano. Mientras un sector del gobierno impulsa gestiones para la excarcelación de Cerimedo y su posterior retorno a la Argentina, otra facción insiste en que el consultor debe permanecer bajo custodia y responder ante los tribunales del país.

El exmandatario advirtió sobre la posibilidad de que el expediente judicial termine resolviéndose mediante negociaciones reservadas que impliquen un pacto de carácter estrictamente político. «Si lo envían a Argentina o a otro país, será por instrucción de Estados Unidos, por orden de Marco Rubio, secretario de Estado», denunció Morales, quien además vinculó estas tensiones a un desplome del 80% en los niveles de aceptación y legitimidad pública de la gestión presidencial de Paz.

A estas tensiones se sumó la acusación del exmandatario contra el entorno directo del presidente de Bolivia, señalando poseer registros que presuntamente comprometen a la primera dama en el manejo irregular de recursos públicos. De acuerdo con su testimonio, la administración de combustibles generaba dividendos diarios de hasta 16 millones de bolivianos que eran gestionados por la esposa de Rodrigo Paz, una situación que, según consideró, amerita una inmediata investigación formal por parte de la Fiscalía General.

Acusaciones cruzadas y defensa de gestión

La repercusión de estas denuncias coincide con un escenario de alta polarización política en Bolivia, donde el propio Morales ha sido objeto de severas acusaciones de corrupción y pedofilia. El expresidente rechazó de manera categórica dichos señalamientos, definiéndolos como una estrategia sistemática de la derecha boliviana orientada a impedir su retorno al poder político.

Morales defendió su trayectoria gubernamental indicando que la oposición no logró comprobar delitos de corrupción a lo largo de sus 14 años de gestión, razón por la cual recurrieron a imputaciones de índole penal como la de violación. Finalmente, el exmandatario reflexionó sobre la evolución del discurso opositor en la región, sosteniendo que mientras en el pasado los sectores conservadores apelaban a la narrativa del narcotráfico para desestabilizar gestiones de izquierda, en el contexto actual se ha recurrido sistemáticamente a los discursos de terrorismo y abusos penales.

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