La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio un paso decisivo este martes 23 de junio al emitir dictamen favorable al proyecto de ley que establece el marco procedimental para el Juicio Político. La iniciativa, que contó con el consenso de diversos bloques, busca delimitar las competencias de la Cámara Baja como órgano investigador y del Senado como tribunal de sentencia.
Según informó el servicio de Prensa de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, el objetivo primordial es fijar reglas «claras, sistemáticas y pormenorizadas» que otorguen previsibilidad al instituto de remoción de altos cargos. Gabriela Lena, presidenta de la comisión, destacó que el texto incorpora aportes de todas las fuerzas políticas para consolidar un instrumento de equilibrio institucional.
Un marco procedimental para el Juicio Político
El proyecto busca subsanar vacíos legales del texto constitucional vigente, regulando aspectos críticos como las pautas para la presentación de denuncias, los plazos de la etapa probatoria y los mecanismos formales de notificación. Para ello, se establece la aplicación supletoria de las disposiciones procesales penales actuales.
Lena fundamentó la necesidad de esta ley para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica. En sus declaraciones, la legisladora sostuvo que el marco normativo permitirá que el juicio político sea un factor de estabilidad y no de «incertidumbre o erosión del orden constitucional«.
Reglamentación del Artículo 60º y seguridad jurídica
En la misma jornada, la comisión avanzó en el debate de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que reglamenta el artículo 60º de la Constitución Provincial. Esta norma establece las condiciones para la derogación de leyes, ordenanzas o normas generales declaradas inconstitucionales en tres oportunidades con sentencia firme por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El texto especifica que este mecanismo se limitará estrictamente a acciones directas de inconstitucionalidad, excluyendo los juicios de amparo. Como parte de la modernización institucional, se prevé la creación de un «Registro de Sentencias y Cómputo«, el cual funcionará de manera digital, será de acceso público y gratuito.
Participación técnica y aportes institucionales
El tratamiento de estas reformas contó con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes del sector civil. Entre los presentes estuvieron el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, y el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Gobernación, Matías Plugoboy.
Asimismo, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) realizó sus aportes técnicos a través de las presentaciones de Analía Coria y Pablo Tanger, subrayando la importancia de la colaboración profesional en la redacción de normas que afectan el andamiaje jurídico de la provincia.
