El proceso de transferencia de la empresa estatal AySA al sector privado sufrió un revés judicial significativo. Según informó el portal MinutoUno, el juez Mariano López, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 2 de La Plata, “decretó una medida cautelar que frena el proceso de venta de los activos de AySA”. La resolución responde a un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que cuestiona la falta de estudios sobre el impacto ambiental de la medida.
La intervención de la Justicia se fundamenta en la protección de derechos básicos frente a una posible desatención del Estado. El fallo ordena a la compañía “abstenerse de realizar cualquier acción que implique modificar, limitar o desnaturalizar las obligaciones asumidas respecto del acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano”. Esta restricción se mantendrá vigente hasta que se realice una auditoría integral que determine la magnitud de los pasivos ambientales existentes en el territorio bonaerense.
Un freno judicial por la protección de recursos
La mirada del magistrado sobre la política de desregulación del Gobierno nacional es crítica y advierte sobre un posible retroceso en la calidad del servicio. En sus fundamentos, López señaló que el nuevo esquema contractual “tiende a reducir las exigencias regulatorias y a postergar obras que resultan críticas”, en lugar de fortalecer la cobertura sanitaria. Para el juez, el avance de la privatización sin estos resguardos pone en riesgo la tutela de derechos fundamentales ya comprometidos.
La medida de no innovar se dictó con carácter excepcional, motivada por lo que el juzgado califica como una “situación de emergencia”. La prioridad de la Justicia en esta instancia es “prevenir un daño inminente sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos de la provincia”, asegurando que el cambio de manos de la empresa no derive en un deterioro de la salubridad pública.
Impacto en el territorio bonaerense y competencia federal
La magnitud del conflicto trasciende lo administrativo y tiene un fuerte componente territorial. La prestación de AySA alcanza directamente a veintiséis municipios de la Provincia de Buenos Aires, lo que implica que cualquier alteración en el suministro afecta a millones de usuarios. El fallo reafirma que el acceso al agua es un derecho colectivo que debe garantizar un “suministro suficiente, seguro y equitativo para las comunidades”.
A pesar de la contundencia de la cautelar, el juez López se declaró incompetente para resolver la cuestión de fondo del litigio por considerarla una materia federal. En consecuencia, dispuso remitir las actuaciones a la Cámara Federal de La Plata, aunque mantuvo la protección vigente para evitar perjuicios irreparables mientras se dirime la competencia definitiva.
