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El «blindaje» a Manuel Adorni: cómo el oficialismo y sus aliados evitaron la rendición de cuentas en Diputados

El PRO, la UCR y bloques provinciales evitaron el quórum para interpelar al jefe de Gabinete por su patrimonio.

El pacto parlamentario que salvó a Adorni de la interpelación

La estrategia trazada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, logró neutralizar el intento de la oposición de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La sesión especial, convocada para abordar las inconsistencias en la declaración patrimonial del funcionario, fracasó al reunir solo 117 legisladores, doce menos de los necesarios para el quórum. Según el periodista Pablo Dipierri en La Política Online, esta maniobra permitió derivar los proyectos de interpelación a la comisión de Asuntos Constitucionales, una jugada que «surtió efecto y la oposición no logró el quórum» para avanzar con una eventual moción de censura.

El blindaje no solo respondió a una disciplina partidaria, sino a una red de acuerdos con gobernadores que priorizaron la agenda de gestión y el financiamiento provincial sobre el control institucional. De acuerdo con la información publicada por Federico Millenaar en Infobae, los bloques aliados como el PRO y la UCR «no querían verse forzados a defender a Adorni ante la opinión pública», pero tampoco convalidar una iniciativa del kirchnerismo. Esta postura permitió al Gobierno ganar al menos dos semanas de tiempo, trasladando la presión al próximo 2 de julio, fecha en la que Adorni deberá brindar su informe de gestión ante el Senado.

Germán Martínez: «La institución del Congreso paga los costos»

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, vinculó directamente el ausentismo de ciertos sectores con la transferencia de recursos económicos a las provincias. Martínez señaló que la ausencia de diputados santafesinos coincide con el decreto 474/2026, que otorga 400.000 millones de pesos a Santa Fe en adelantos de coparticipación. El legislador cuestionó la falta de coherencia de sus pares, afirmando que «la totalidad de la institución del Congreso Argentino y esta Cámara de Diputados sí paga costos» por estas conductas contradictorias.

En su intervención, Martínez calificó el presente del jefe de Gabinete como la «tercera fase del escándalo», citando el reconocimiento del funcionario sobre inversiones no declaradas en criptomonedas. Según el diputado, el desprestigio no es individual, ya que «quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado». Además, enfatizó que la crisis de credibilidad de Adorni se inserta en un marco de precariedad laboral y económica, donde el funcionario «no le cree ya más absolutamente nadie».

Por su parte, el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) fue tajante al describir la situación patrimonial del funcionario como un lastre para la administración de Javier Milei. Paulón sostuvo que el oficialismo solo ha «ganado algunos días de tiempo» para que Adorni intente justificar un crecimiento de bienes que, a su juicio, es inexplicable. Durante su discurso, el legislador santafecino remarcó que «Manuel Adorni es un clavo que no puede seguir arrastrando» el propio Presidente, sugiriendo que su reciente relevo como vocero es un preludio de su salida definitiva.

Paulón también criticó la decisión de los bloques que no dieron quórum, advirtiendo que la instancia de comisión será una dilación sin resultados reales. Al referirse a la estrategia del oficialismo de tratar el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la definió como «una pantomima, un caramelo de madera que no sirve para nada». Finalmente, instó a que el Congreso recupere su rol político y constitucional, asegurando que «mucha gente en Argentina quiere que Manuel Adorni deje de ser jefe de gabinete de ministros» debido a las sospechas de corrupción que lo rodean.

Disputa reglamentaria y tensiones territoriales

El fracaso de la sesión dejó al descubierto una interpretación divergente del artículo 101 de la Constitución Nacional. Mientras que sectores de la oposición argumentan que el pedido de interpelación es «operativo» y debe votarse directamente en el recinto, el oficialismo —respaldado por el diputado Nicolás Mayoraz— sostiene que debe seguir el trámite de cualquier ley y pasar por comisiones. Esta diferencia técnica sirvió de «coartada», según La Política Online, para que legisladores de provincias como Tucumán, Salta, Misiones y San Juan se ausentaran tras acuerdos directos con la Casa Rosada.

La implicancia de este bloqueo parlamentario trasciende lo administrativo y se sitúa en el plano de la ética pública. Al evitar el debate sobre el patrimonio de Adorni, el Congreso posterga una respuesta ante investigaciones judiciales, como la que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita. La estrategia oficialista logró «correr el foco de la discusión pública» para priorizar leyes económicas como el Súper RIGI, pero a costa de profundizar lo que diversos diputados denunciaron como una grave «crisis institucional».

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