El retorno de la gestión privada en la Vía Navegable Troncal
La reciente adjudicación del dragado del Río Paraná a la empresa belga Jan De Nul marca un hito en la política de infraestructura y soberanía del gobierno actual. En una entrevista concedida al programa El Refugio en Somos Radio AM 530, Germán Mangione, referente del Foro por la Recuperación del Río Paraná, calificó el hecho como una «nueva entrega de nuestra principal vía troncal por la que transita el 80% de nuestras agroexportaciones». El análisis destaca que esta medida no solo profundiza un esquema iniciado en los años 90, sino que lo hace bajo un nuevo condicionante geopolítico.
Geopolítica y alineamiento con los intereses de Estados Unidos
El proceso licitatorio no estuvo exento de tensiones internacionales, evidenciando una competencia entre empresas europeas por demostrar su cercanía con Washington. Según Mangione, las empresas en disputa «se peleaban públicamente por mostrar quién representaba mejor los intereses de los Estados Unidos en la región» para asegurar la adjudicación. Esta situación se contextualiza en un marco de acuerdos previos que otorgan al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. acceso a información sensible sobre la navegación interna argentina, consolidando que la vía «vuelva a estar nuevamente bajo la órbita de los Estados Unidos».
Alerta ambiental: dragado profundo sin estudios de impacto
Uno de los puntos más críticos de la nueva concesión es la intención de profundizar el calado del río de 34 a 44 pies. Esta modificación estructural se realizaría, según las denuncias, sin los avalos científicos necesarios, lo cual «es algo que no sucede en ningún lugar del planeta» y carece de estudios que midan las consecuencias en el ecosistema. Mangione advierte que, mientras otros países adaptan sus barcos a los ríos, en Argentina se pretende adaptar el río a buques oceánicos de gran escala, señalando que «el daño ambiental va a ser tremendo» debido a la sedimentación y afectación de la fauna ictícola.
El «Círculo Rojo» agroexportador y la pérdida de control estatal
La medida responde directamente a las demandas de las cámaras empresariales del sector primario, como la Cámara de Puertos Privados y CIARA. El objetivo principal es reducir costos logísticos para las grandes compañías, lo cual «nada tiene que ver con los intereses de la Argentina» como nación, sino con la rentabilidad de un reducido grupo de firmas mayoritariamente extranjeras. En este escenario, el Estado renuncia a su capacidad de fiscalización y control, lo que lleva a concluir que «no existe la posibilidad de pensar ningún proyecto político de desarrollo en la Argentina sin tener el control y la administración del Paraná».
Desmantelamiento de la presencia nacional en el agua
Más allá del dragado, existe una preocupación por la eliminación sistemática de regulaciones que permitían el control estatal sobre la navegación y la seguridad. Mangione señala que las políticas actuales buscan desplazar a los trabajadores locales, desde el Senasa hasta los marineros, con la premisa de que «el objetivo es que no quede un argentino en el agua». Este desplazamiento no solo afecta el empleo, sino que debilita la defensa nacional en una arteria estratégica por donde circulan alimentos, energía y minerales, transformando al río en un territorio «en manos foráneas de intereses ajenos a nuestro desarrollo».
