El Gobierno profundiza el ajuste en Parques Nacionales y habilita concesiones comerciales
El Gobierno de Javier Milei avanzó esta semana en una nueva fase de reestructuración de la Administración de Parques Nacionales (APN), mediante la implementación de medidas destinadas a reducir la planta de personal y delegar la gestión de áreas comerciales a manos privadas. A través de las Resoluciones 191/2026 y 193/2026 publicadas en el Boletín Oficial, la Casa Rosada busca profundizar su política de desregulación económica y simplificación del Estado.
Reducción de personal y retiros voluntarios
La Resolución 191/2026 puso en marcha un Sistema de Retiros Voluntarios que apunta a reducir al menos el 20% de la dotación actual de la APN. Según el texto oficial, el objetivo es alcanzar un «nivel adecuado y racional» de personal en el marco de la reforma del Estado.
No obstante, sectores sindicales y organizaciones de trabajadores del sector han manifestado su rechazo, alertando que la disminución de la presencia estatal compromete tareas críticas. Entre las funciones en riesgo se encuentran la prevención de incendios, el control de actividades ilícitas y el monitoreo de la biodiversidad en las 46 áreas protegidas del país.
Privatización y concesiones en el Parque Nacional Iguazú
Uno de los puntos de mayor impacto es la oficialización de la concesión y explotación comercial de un sector del Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. Según informa teleSUR, citando datos de Página 12 y Mongabay, la Resolución 193/2026 otorgó la ampliación de servicios a la empresa La Gran Aventura Náutica SRL.
Esta medida permite la explotación de un área conexa al Río Iguazú que facilita el acceso hacia la Garganta del Diablo. La resolución no solo amplía la delimitación geográfica para la actividad comercial, sino que también autoriza la ejecución de obras, lo que ha generado cuestionamientos sobre la flexibilización de los controles ambientales necesarios en un área de tal sensibilidad ecológica.
El impacto presupuestario y el riesgo ambiental
El ajuste económico sobre la APN asciende a 3.879 millones de pesos (aproximadamente 2.7 millones de dólares). Este recorte presupuestario afecta el funcionamiento operativo cotidiano de las reservas naturales, en un contexto donde los antecedentes inmediatos marcan una situación de vulnerabilidad.
Como antecedente relevante, durante el primer trimestre de 2026, el personal ambiental debió enfrentar incendios forestales en la Patagonia en condiciones de precariedad, tras ratificarse recortes en el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Un caso testigo es el del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut —declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO—, que resultó severamente afectado por el fuego mientras el Gobierno sostenía la política de «motosierra» sobre los recursos destinados a su cuidado.
La gestión actual sostiene que estas medidas forman parte de una política de «achicar gastos» y fomentar la eficiencia administrativa. Sin embargo, el debilitamiento de la infraestructura de control y la entrega de áreas protegidas a la explotación comercial privada sitúan a la biodiversidad argentina en un escenario de incertidumbre institucional.
