Las operaciones de efectivos del Comando Sur y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Ushuaia y sus alrededores no representan visitas técnicas aisladas, sino un esquema regular y sostenido de rotación militar. Según reveló el portal especializado Agenda Malvinas y ratificaron publicaciones de Diario del Fin del Mundo, teleSUR y Ushuaia 24, pequeños contingentes de entre 20 y 30 soldados estadounidenses ingresan de forma periódica a la provincia para ejecutar ejercicios de reconocimiento en valles, glaciares y en el centro invernal Cerro Castor junto al Batallón de Infantería de Marina N° 4 (BIM 4).
Durante estos despliegues, las tropas norteamericanas trasladan pertrechos, sistemas de comunicaciones y sensores tácticos. Una parte de este equipamiento de uso militar no regresa con los contingentes al finalizar las prácticas, sino que queda almacenada en depósitos del BIM 4 en Ushuaia sin un inventario público conocido. La presencia física de las tropas resulta visible en la terminal del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, donde circulan portando mochilas tácticas con sistema MOLLE, bultos reglamentarios Coyote Brown y bolsos Olive Drab.
Pese a la continuidad de estos movimientos, el Poder Ejecutivo Nacional no aclaró el encuadre institucional de las actividades ni solicitó la autorización previa del Congreso Nacional. Este mecanismo elude lo establecido en el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional y en la Ley 25.880, normativas que otorgan de forma exclusiva al Parlamento la facultad de autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino.
El marco legal eludido y la sombra de los decretos ejecutivos
El eludimiento de los canales legislativos en Tierra del Fuego contrasta de forma directa con los antecedentes normativos recientes. En abril de 2026, el presidente Javier Milei y su gabinete oficializaron el ejercicio combinado «Daga Atlántica» mediante el Decreto 264/2026 publicado en el Boletín Oficial. Tal como detalló la redacción del medio Infofueguina, dicha norma formalizó el ingreso de fuerzas armadas de EE.UU. entre el 21 de abril y el 12 de junio para operar en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea.
Aunque el decreto no incluyó explícitamente a la provincia de Tierra del Fuego como sede formal de «Daga Atlántica», su articulado autorizó maniobras en zonas terrestres, aéreas, marítimas y fluviales del país. Esta amplitud territorial alimentó interpretaciones sobre movimientos secundarios de apoyo logístico y monitoreo en el Atlántico Sur. Asimismo, el mismo decreto autorizó el operativo naval «PASSEX», ejecutado a fines de abril en la Zona Económica Exclusiva con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley.
Sin embargo, los entrenamientos de infantería de marina y la permanencia de tecnología militar estadounidense en Ushuaia carecen de una comunicación oficial detallada por parte de la Armada Argentina y del Ministerio de Defensa.
La reacción regional y el dilema de la Base Naval Integrada
La falta de transparencia desató duros cuestionamientos en el ámbito institucional fueguino. Según difundió el portal Ushuaia 24, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, reclamó explicaciones públicas al Gobierno nacional y exigió que el Congreso verifique la legalidad constitucional de las maniobras. El jefe municipal cuestionó abiertamente si la presencia de tropas de una potencia extranjera en la isla cuenta con la aprobación parlamentaria correspondiente.
El reclamo local coincidió con la visita a Ushuaia del ministro de Defensa, Carlos Presti, y del canciller Pablo Quirno, quienes recorrieron los terrenos de la Base Naval Integrada para inspeccionar la reanudación de las obras por decisión del Ejecutivo. Frente a esto, Martín Pérez advirtió que la reactivación de este enclave estratégico no debe convertirse en un intento de ingresar «por la ventana» la militarización del territorio por parte de potencias extranjeras, remarcando que únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben operar en dicha base.
Negociaciones bilaterales, Tratado Antártico y tensiones geopolíticas
El escenario fueguino adquiere una escala de mayor gravedad al considerar los análisis de política exterior publicados a nivel regional. En un informe firmado por el periodista Alfredo Seguel para el medio chileno El Ciudadano, se consignaron revelaciones de la revista Foreign Affairs Latinoamérica. Según estas publicaciones, la administración de Javier Milei habría ofrecido el puerto de Ushuaia al presidente estadounidense Donald Trump como parte del pago de 1.000 millones de dólares para asegurar el ingreso de la Argentina a la denominada Junta de Paz.
La intervención administrativa del puerto por parte del gobierno nacional otorgaría un sentido político adicional, permitiendo destinar su uso a fines comerciales y militares vinculados a la agenda bilateral con Washington. La controversia se vio acentuada tras el aterrizaje en Ushuaia, el pasado 26 de enero, de una aeronave militar Boeing C-40 Clipper proveniente de la base Joint Base Andrews en Maryland, hecho que la embajada de EE.UU. calificó ante La Política Online como una visita de una comitiva de la Comisión de Energía.
La posibilidad de otorgar derechos de uso u operaciones militares a Estados Unidos en el puerto de Ushuaia —nodo por el que transitaron más de 1.300 buques turísticos, pesqueros y científicos en las últimas dos temporadas— genera fuerte preocupación en sectores de Cancillería y Defensa, así como en el gobierno de Chile. Analistas y fuentes diplomáticas advierten que la presencia de instalaciones o ejercicios militares en las inmediaciones del área antártica pone en crisis el Tratado Antártico de 1959, el cual prohíbe taxativamente la instalación de bases, maniobras o ensayos de armas al sur del paralelo 60°S, amenazando el statu quo de paz y la soberanía territorial en el Atlántico Sur.
