A 53 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la estructura socioeconómica de Chile vuelve a exhibir severas fracturas bajo la gestión del presidente ultraderechista José Antonio Kast. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) confirman que la tasa de desocupación alcanzó un 9,4% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, posicionándose en su nivel más alto en casi cinco años tras un incremento interanual de 0,5 puntos porcentuales. Esta cifra representa a 981.315 personas sin empleo en el país, derivado de un desbalance estructural donde la fuerza laboral creció un 1,3% frente a una capacidad de absorción económica de apenas el 0,8%.
Frente al deterioro del empleo, el Gobierno de Kast elude la responsabilidad directa de su gestión y apunta hacia las reformas de la administración anterior. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, justificó el escenario argumentando que el país arrastra “años de malas políticas públicas”, señalando al incremento del salario mínimo y a la reducción de la jornada laboral a 40 horas como factores que encarecieron la contratación. No obstante, este discurso encubre el impulso de una agenda oficial que promueve la contratación por hora, la polifuncionalidad y la eliminación de la indemnización por años de servicio bajo la premisa de reducir los “costos laborales”.
Sustitución de empleo protegido por informalidad y precariedad territorial
Los indicadores del INE desmienten la tesis gubernamental de una simple escasez de contrataciones por costos salariales, evidenciando en su lugar la sustitución directa de empleos formales por modalidades precarias sin protección social. En el último año, destruyeron 42.500 puestos formales (un descenso del 1,7%), al tiempo que se generaron más de 112.000 ocupaciones informales (un alza del 7,1%) y un incremento del 5,3% en trabajadores por cuenta propia. Como consecuencia, la tasa de informalidad laboral escaló al 27,0%, golpeando con mayor intensidad a las mujeres (28,8%) en comparación con los hombres (25,6%).
El impacto territorial de este fenómeno afecta de forma crítica a regiones como Valparaíso, donde el desempleo se situó en un 10,2%, registrando un aumento del 17,9% en el total de desocupados en doce meses. La precariedad se profundiza en una zona de elevado dinamismo portuario y comercial que no traduce su movimiento de capital en estabilidad para los trabajadores. Asimismo, el economista Juan Bravo, del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, explicó que el retroceso del trabajo formal en las micro, pequeñas y medianas empresas respondió al término, en abril de 2025, del subsidio estatal al salario mínimo, desmontando la versión de un shock repentino en el costo de la mano de obra.
Utilidades corporativas récord en un escenario de alta concentración e inequidad
La contracción del empleo formal y la precarización salarial contrastan frontalmente con los balances financieros del gran capital. Ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 648 grandes empresas informaron ganancias conjuntas por US$32.231 millones durante 2025, representando un salto del 28,6% respecto al año anterior. El sector financiero encabezó las utilidades con cerca de US$6.000 millones, donde el Banco de Chile (vinculado al grupo Luksic y Citi) obtuvo US$1.300 millones y destinó el 84,7% de ese monto a dividendos para sus accionistas. En el rubro del retail, las ganancias se dispararon un 145,9%, destacando Falabella con utilidades por US$1.485 millones.
Esta disparidad reafirma la profunda brecha en la distribución del ingreso dentro del país. Pese a contar con un PIB per cápita superior a los US$30.000 (PPA) según el FMI, mediciones de la World Inequality Database difundidas por la Fundación SOL señalan que el 1% más rico de Chile concentra el 49,8% de la riqueza nacional. Mientras fortunas como la del grupo Luksic se han multiplicado por trece desde 1996, el 50% de los trabajadores chilenos percibe menos de $583.000 líquidos mensuales y la pobreza real por ingresos alcanza al 22,3% de los hogares, exponiendo que el ajuste económico actual recae sobre la población asalariada para resguardar el margen de rentabilidad empresarial.
