El equipo legal de Cristina Fernández de Kirchner, integrado por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valím y Javier Borrego, brindó una conferencia de prensa transmitida a través del canal oficial de YouTube de la ex mandataria para anunciar la incorporación de un nuevo elemento probatorio. Según expuso la defensa, este hallazgo demuestra la falta de sustento fáctico en la condena dictada por la causa Vialidad.
La información proviene de la declaración testimonial vertida el pasado 6 de agosto en el juicio oral de la causa conocida como «Cuadernos». En esa ocasión, un funcionario técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), convocado a propuesta de la fiscalía, detalló el contenido de una planilla Excel institucional con casi 80 columnas de datos sobre la ejecución presupuestaria de las obras públicas.
Los resultados del informe pericial independiente
Tras el testimonio del funcionario, la defensa encomendó una auditoría técnica al economista brasileño Antonio Correa de Lacerda, ex presidente del Consejo Federal de Economía de Brasil y profesor de la Universidad Católica de San Pablo. El estudio analizó los desembolsos de la fuente 14 (fideicomiso Sisvial) derivados del Decreto 54/2009 entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015.
El informe contable determinó que la Dirección Nacional de Vialidad ejecutó más de 2.000 millones de dólares a través del fideicomiso en el período juzgado. De ese total, las empresas del Grupo Austral, atribuidas a Lázaro Báez, recibieron un monto aproximado de 18 millones de dólares, equivalente al 0,85% de los fondos. Los registros indican que los pagos hacia dicha firma se concentraron entre 2009 y 2011, registrándose un total de cero desembolsos entre 2012 y 2015.
Asimismo, el relevamiento de la DNV ubica en el primer lugar de la asignación de fondos a la empresa IECSA, perteneciente en aquel período a un primo del ex presidente Mauricio Macri, con un 16% de los recursos (aproximadamente 360 millones de dólares). La defensa destacó que las compañías con mayores desembolsos no poseían vinculación con la gestión gubernamental de dicho período.
Antecedentes judiciales y cuestionamientos al fallo
El abogado Carlos Beraldi recordó que la imputación inicial acusaba a la ex presidenta de liderar una asociación ilícita y cometer administración fraudulenta mediante leyes de presupuesto, decretos de necesidad y urgencia y resoluciones de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Planificación Federal. Al concluir el juicio oral, el Tribunal Oral Federal absolvió a los imputados por asociación ilícita y descartó irregularidades en el trámite legislativo y ministerial.
Sin embargo, la condena impuesta se fundamentó de manera exclusiva en la emisión del Decreto 54/2009, argumentando que fue una norma dictada con el propósito de dirigir recursos del fideicomiso hacia el Grupo Austral. Al respecto, el abogado Javier Borrego cuestionó los fundamentos del fallo de primera instancia de 1.616 fojas y de la confirmación de la Cámara de Casación Penal de 1.534 fojas, señalando que los montos efectivamente ejecutados desvirtúan la hipótesis de la acusación.
Avenidas de apelación: ONU y recurso de revisión local
Respecto del itinerario judicial, el equipo de letrados confirmó que priorizará la vía internacional mediante una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, prevista para el período de sesiones de octubre.
En el ámbito del derecho interno, la defensa anunció que interpondrá un recurso de revisión bajo los artículos 366 del Código Procesal Penal de la Nación y 479 del Código Procesal Penal Federal, normativas que habilitan la reapertura de causas con sentencia firme ante la aparición de prueba nueva. Junto a este recurso, la representación legal solicitará una medida cautelar de suspensión de los efectos de la condena mientras se sustancia el planteo de fondo. Por último, Beraldi señaló que la ex mandataria afronta el proceso con fortaleza y mantiene la confianza en que la verdad prevalecerá en las instancias judiciales.
