Según reveló una publicación del diario Página|12, la tensión política e institucional en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un punto crítico tras la decisión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, de impulsar la destitución de una magistrada local. La controversia se inició cuando la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3, Laura De Marinis, dictó sobreseimiento a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo de un teléfono celular y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801.
En su resolución, la magistrada sostuvo que aplicar el régimen de baja de imputabilidad en este caso particular resultaba “regresivo, desproporcionado y estigmatizante” para un joven en situación de vulnerabilidad y desamparo estatal. El fallo no anuló la legislación en forma general, sino que ejerció una facultad propia del fuero al ponderar la norma frente a tratados internacionales. Sin embargo, la respuesta del Gobierno porteño consistió en solicitar formalmente el juicio político ante el Consejo de la Magistratura, activando un mecanismo extraordinario ante una discrepancia jurídica.
Un frente común sin antecedentes: 91 magistrados denuncian intromisión e interferencia institucional
La embestida oficial provocó una rápida articulación en el fuero porteño: un colectivo de 91 jueces y juezas de la Ciudad suscribió un comunicado público para manifestar su “más enfático repudio y profunda preocupación” ante la actitud del Poder Ejecutivo. En el escrito difundido por el medio de comunicación, los integrantes del Poder Judicial remarcaron que el pedido de destitución motivado por el desacuerdo con un fallo “agravia seriamente la independencia judicial” y quebranta las garantías republicanas.
Los firmantes subrayaron que De Marinis únicamente “ejerció el control de constitucionalidad y convencionalidad” que la Constitución Nacional y las convenciones internacionales le imponen a cualquier juez. Además, el pronunciamiento judicial contó con el aval del Ministerio Público de la Defensa y la adhesión del Ministerio Público Tutelar, mientras que el propio Ministerio Público Fiscal ya había presentado la apelación correspondiente por las vías reglamentarias, demostrando que el sistema de instancias y revisiones procesales funcionaba con regularidad.
Entre la revisión de fallos y la presión política: las implicancias de la ofensiva oficial
El episodio expone una creciente disputa territorial y política entre las iniciativas de mayor severidad punitiva —impulsadas por el gobierno nacional de Javier Milei con el respaldo del PRO— y los marcos garantistas de protección integral de derechos. La decisión de promover un juicio político ante el primer fallo adverso evidencia la intención del Ejecutivo de fijar un precedente disuasorio y condicionar las lecturas de los magistrados sobre la baja de imputabilidad.
Frente a este escenario, la comunidad judicial calificó la maniobra de la administración capitalina como una “intromisión y acoso del Poder Ejecutivo”. En su cierre, el documento del cuerpo de magistrados instó a las autoridades públicas a “actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho”, advirtiendo sobre las graves consecuencias que genera el amedrentamiento de los jueces para la estabilidad del Estado de Derecho.
