La Cámara de Diputados de Entre Ríos, a través de sus comisiones técnicas, registró este martes 19 de mayo importantes avances en la definición de un marco procesal para el Juicio Político y en la planificación estratégica para el Norte Entrerriano. Los encuentros legislativos contaron con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores de diversos bloques para abordar la previsibilidad jurídica y la justicia territorial en la provincia.
Hacia un marco procesal para el Juicio Político
La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento analizó el mecanismo que busca regular la responsabilidad política de funcionarios de alta jerarquía. Según la información suministrada por la fuente original, Diputados Medios, el objetivo primordial es establecer un régimen de aplicación ante casos de mal desempeño.
La diputada Gabriela Lena, presidenta de la comisión, señaló que la Constitución Provincial contempla el instituto del juicio político en su fondo, pero presenta un vacío en cuanto a los pasos procesales para su implementación. “El texto normativo viene a suplir la falta de precisiones sobre la apertura del proceso investigativo, las notificaciones, los plazos probatorios y la forma de ejercer la defensa”, explicó la legisladora.
Lena subrayó que esta regulación busca consolidar el juicio político como una herramienta de equilibrio entre los Poderes del Estado, eliminando factores de incertidumbre y otorgando consistencia constitucional. El proyecto propone utilizar de forma subsidiaria el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia para el encuadre legal. En el análisis participaron también el senador Juan Pablo Cosso y el actual secretario Legal y Técnico, Esteban Vitor.
Impulso estratégico para el Norte Entrerriano
En una segunda instancia, las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Economías Regionales, evaluaron la creación de la Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte Entrerriano. El proyecto, de autoría de la senadora Gladys Domínguez, tiene como meta planificar y monitorear políticas públicas que promuevan el crecimiento sustentable en materia económica, educativa y de infraestructura en dicha región.
Domínguez definió la iniciativa como una estrategia para alcanzar la “justicia territorial” y transformar la realidad regional. Por su parte, la coordinadora general de Gestión del Ministerio de Desarrollo Económico, María Paula Vicari, destacó que la medida incentivará la inversión público-privada, el valor agregado en origen y la generación de empleo de calidad.
