En declaraciones vertidas durante una entrevista conducida por el periodista Pablo Duggan en el canal oficial de YouTube de Radio 10, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, analizó las implicancias políticas de la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto al reclamo del CECIM La Plata. Al desestimar la medida cautelar por razones formales, el máximo tribunal dejó operativo el artículo del DNU 70/2023 que deroga la Ley de Tierras, reabriendo la controversia sobre la extranjerización del suelo nacional. Ante los debates sobre si conviene promover un proyecto de ley acotado para restituir dicha protección, el legislador desestimó las respuestas parciales y enfatizó que la prioridad estratégica debe ser el juzgamiento integral del decreto deregulador en el Congreso, aseverando que «la Cámara de Diputados no tiene otra alternativa que intentar rechazar el DNU».
El riesgo del veto y la fragilidad de las iniciativas parciales
La discusión técnica sobre cómo reponer los límites a la compra de campos por parte de capitales foráneos expone dos miradas contrapuestas en el arco opositor. Frente a las propuestas que buscan modificar únicamente el articulado correspondiente a la propiedad rural, Martínez previno sobre la vulnerabilidad institucional de impulsar leyes ordinarias frente a un Poder Ejecutivo proclive al uso del veto. Un proyecto que deba atravesar ambas cámaras parlamentarias requeriría posteriormente mayorías cualificadas insostenibles para insistir con la sanción, razón por la cual el titular de la bancada opositora remarcó que «Milei va a vetar y necesitamos dos tercios del Senado y dos tercios de la Cámara de Diputados», convirtiendo dicha vía en un trámite de desenlace adverso.
Sesión especial del 15 de octubre: el tablero de negociaciones
El trasfondo legislativo responde a un cálculo de aritmética parlamentaria estricto: mientras que una ley ordinaria exige un largo recorrido de comisiones y dobles lecturas, el rechazo formal del DNU 70/2023 requiere únicamente el voto de la mayoría simple en la Cámara Baja, dado que el Senado ya ratificó su invalidez en marzo de 2024. En este contexto de alta volatilidad y tensiones cruzadas con los gobernadores provinciales, Martínez confirmó las gestiones para emplazar el tratamiento del decreto en el recinto, señalando que «estamos tratando de trabajar sobre la hipótesis de una sesión especial que si todo va bien debería ser el día 15 de octubre», iniciativa que busca forzar una definición pública de las bancadas intermedias.
Impacto socioeconómico y territorial: del suelo a la economía cotidiana
La dimensión política de la medida no se agota en el estatus jurídico de la tierra rural, sino que alcanza a los efectos acumulados de la desregulación sobre los sectores productivos y la ciudadanía. Al trazar un balance de la vigencia del megadecreto en áreas sensibles como el mercado inmobiliario, el crédito y las economías regionales, el referente de Unión por la Patria remarcó las secuelas de la norma en el tejido social, denunciando que las atribuciones extraordinarias asumidas por el Ejecutivo «sirvieron para quitarle derecho a los inquilinos, para quitarle derecho a los productores de la yerba mate» y desregular el sistema bancario y las cuotas de la medicina privada.
La tensión política ante el costo de las medidas oficiales
El desenlace de esta pulseada legislativa medirá el grado de cohesión de los bloques dialoguistas frente a un temario que desborda el análisis estrictamente parlamentario. Para el principal bloque opositor, el costo social derivado del esquema de desregulación acelerada constituye el argumento central para exigir que las distintas fuerzas políticas fijen una posición contundente en el recinto. Al sintetizar el impacto global de la norma en la vida diaria de la población, Martínez concluyó con dureza que la aplicación del megadecreto «hizo un daño fenomenal», apelando a los legisladores de las provincias a sumarse al quorum para derogar la disposición de manera definitiva.
