Inversiones bajo custodia: El Estado articula fuerzas federales para proteger el RIGI
En la edición del miércoles 20 de mayo de 2026 del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA), bajo la firma de la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, se oficializó la Resolución 461/2026. La norma establece la creación de la Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Esta medida no constituye una política aislada, sino un mecanismo de implementación que articula herramientas de control preexistentes, como la Unidad Antimafia y el Centro Regional de Información contra las Drogas, para un fin específico: resguardar la integridad de los flujos de capital y la infraestructura crítica de los grandes proyectos.
Un blindaje preventivo para capitales estratégicos
El fundamento de la resolución radica en la magnitud de los compromisos asumidos. Hacia fines de 2025, el RIGI ya contabilizaba una decena de proyectos aprobados que representan inversiones superiores a los 13.000 millones de dólares, sumados a una cartera de más de 20 proyectos adicionales en evaluación. El Gobierno identifica que este volumen de capital e infraestructura puede ser «objetivo de interés» para organizaciones criminales transnacionales.
La normativa advierte explícitamente sobre riesgos de lavado de activos, extorsión, infiltración criminal en actividades lícitas y captación de rentas ilícitas,. Con la Mesa de Coordinación, se busca reducir vulnerabilidades desde las etapas iniciales de planificación de los proyectos, intentando aportar una capa de «seguridad jurídica» a través del despliegue preventivo de seguridad pública,.
Articulación federal y territorios estratégicos
El despliegue tiene un marcado carácter territorial, enfocándose en jurisdicciones donde se concentran los recursos naturales y la infraestructura energética. Las provincias de San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires son señaladas como nodos estratégicos donde la Mesa deberá coordinar acciones con autoridades locales y fuerzas federales,.
La estructura de esta nueva mesa de trabajo será integrada por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, el Centro Regional y las Fuerzas Federales. Además, se contempla la posibilidad de convocar al Ministerio de Economía y a las policías provinciales, reforzando la naturaleza federal de la seguridad sobre activos que el Estado considera «críticos»,.
El desafío de la seguridad en entornos productivos
Desde una perspectiva analítica, la Resolución 461/2026 evidencia que la protección de las grandes inversiones ha pasado a ser una prioridad de la agenda de seguridad interior. La norma promueve la cooperación público-privada, permitiendo que las empresas titulares de los proyectos y las cámaras empresarias participen en el intercambio de información relevante para la protección de sus activos,,.
Aunque la medida aclara que no se impondrán «cargas económicas ni burocráticas adicionales» para las empresas, el enfoque preventivo integral sugiere un monitoreo constante sobre las dinámicas poblacionales, laborales y urbanas que dinamizan estos proyectos,. El Estado asume así el rol de custodio directo de la rentabilidad y la integridad de los proyectos de inversión estratégica frente a amenazas de estructuras delictivas complejas.
