En el marco de una entrevista periodística en Radio 10, la diputada nacional Cecilia Moreau confirmó que diversos bloques opositores pusieron en marcha la convocatoria a una sesión especial para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La legisladora enfatizó que la anulación de la norma que frenaba la venta irrestricta de campos a capitales foráneos requiere de una inmediata articulación política y social, subrayando que «la sociedad tiene que reaccionar, la sociedad tiene que movilizarse y frenar como frenó el dos por uno este intento de venta de la Argentina».
El eje del reclamo parlamentario radica en la derogación de la Ley de Tierras, una medida del Poder Ejecutivo que eliminó los topes a la propiedad extranjera sobre inmuebles rurales y zonas de frontera. Desde una perspectiva técnica y territorial, la invalidez de esta protección expone las fronteras del país a la especulación inmobiliaria internacional, motivo por el cual la legisladora alertó que «la Argentina está en venta; si hoy viene un grupo chino, italiano o yanqui a comprar San Luis, puede hacerlo porque no hay ninguna protección jurídica hoy sobre la tierra argentina».
Negociaciones legislativas, alianzas de bloque y el rol de las provincias
Para consolidar el quórum de 129 diputados en el recinto, la bancada opositora necesita sumar voluntades de espacios heterogéneos como la Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y legisladores provinciales. Esta negociación política expone las contradicciones de los gobernadores frente al avance del capital extranjero sobre sus recursos naturales, ante lo cual Moreau interpeló directamente a la dirigencia de las provincias preguntando si «van a permitir que quede vigente esta decisión de que la Argentina no tiene ningún marco de protección en cuanto a la venta y el cuidado de sus tierras, o van a jugar totalmente en un momento donde hay que tomar la decisión de qué lado estás».
La desregulación fijada por el DNU no solo afecta el dominio del suelo, sino que impacta de manera directa en el entramado productivo de las economías regionales al desmantelar organismos de control de precios y comercialización. En este contexto, el intento por invalidar el decreto en la Cámara Baja representa la principal vía institucional para frenar el proceso de desmantelamiento normativo, considerando que «la única forma de derogarlo, tirarlo abajo como hizo el Senado, es evitar que nuestras tierras y nuestros bienes comunes se pongan de remate».
Ajuste presupuestario, deterioro social y la disputa por el modelo de país
Más allá de la dimensión territorial, el análisis del panorama legislativo abarca la severa contracción del gasto público que impacta en los sectores más postergados de la sociedad. La legisladora denunció la falta de respuestas concretas en materia presupuestaria para las áreas de asistencia social y salud, señalando las contradicciones del discurso oficial respecto a los fondos destinados a las personas con discapacidad al advertir que «hasta el día de la fecha el ministro Caputo no retiró el capítulo del presupuesto que recorta la discapacidad».
Finalmente, el debate parlamentario sobre la validez del Mega DNU se inscribe en una discusión más profunda sobre las consecuencias sociales de la recesión, el endeudamiento de las familias y la pérdida de previsibilidad económica. Al trazar un diagnóstico sobre la situación comunitaria, la diputada concluyó que «es desolador lo que está pasando, y el endeudamiento, la morosidad y la falta de perspectiva de futuro tienen que ver con que la vida de las personas se está apagando».
