En declaraciones brindadas durante una entrevista concedida al periodista Pablo Duggan en el programa Todo es posible de Radio 10, la activista Guadalupe Bargiela contextualizó las protestas desarrolladas frente al Congreso de la Nación junto a sectores de jubilados y colectivos de la discapacidad. La militante de Patria Diversa y de la Campaña Federal por la Emergencia en Discapacidad sostuvo que la respuesta oficial busca amedrentar la movilización popular, al remarcar que «este gobierno nos quiere hambriados, incultos, sin salir a la calle teniendo miedo y por supuesto nos quiere aniquilar».
Durante la jornada de protesta, Bargiela —quien es no vidente, trabaja en la planificación de políticas públicas de salud en la provincia de Buenos Aires y cursa la carrera de Derecho— enfrentó el accionar de las fuerzas de seguridad en la plaza. Al relatar los incidentes violentos que incluyeron disparos de proyectiles y gases, la entrevistada advirtió que «la policía lo que pretende es meter miedo para que pase algo mucho más grave», señalando que recibió el impacto de un proyectil de goma en la frente y la descarga de gas lacrimógeno mientras marchaba junto a otros manifestantes.
Precarización de prestaciones y la parálisis estatal frente al sector vulnerable
La discusión sobre la situación socioeconómica del colectivo con discapacidad expone un escenario de parálisis en los apoyos estatales y recortes presupuestarios masivos. Al analizar la suspensión de coberturas y la puesta en duda de las certificaciones oficiales, Bargiela denunció que «los pibes no tienen terapia, no tienen prestaciones, no tienen pensiones, no tienen apoyos», lo que configura una crisis estructural de supervivencia para miles de familias en todo el territorio.
Lejos de abordar el conflicto como un fenómeno aislado, la referente territorial inscribió la parálisis administrativa en una estrategia de polarización política sostenida desde el Poder Ejecutivo. En ese sentido, Bargiela aseveró que las autoridades «quieren generar un enemigo interno para fugar el capital y robarle la dignidad al pueblo», cuestionando además los vínculos financieros internacionales y los acuerdos del gobierno nacional.
Mandato de la militancia y la fragmentación de la dirigencia política
Frente al fenómeno del repliegue social y la contención del malestar dentro del ámbito privado, la entrevistada planteó una diferenciación analítica entre el agotamiento cotidiano de la población y el rol exigible a las organizaciones. Bargiela remarcó que el impacto de la crisis económica impide a muchos trabajadores movilizarse, enfatizando que «no le puedo decir al tipo que labura 12 horas y no tiene para morfar ‘loco vení a marchar’, porque sinceramente no estaría viendo los problemas que tiene esa persona».
Finalmente, la activista interpeló al arco político de la oposición sobre la necesidad de superar las disputas partidarias internas para articular una defensa efectiva de las garantías constitucionales. Con una postura autocrítica hacia las estructuras de representación, Bargiela concluyó que «nuestra obligación moral es primero convencer a la dirigencia de que se deje de pelear» para defender los marcos legales vigentes frente al avance del ajuste.
