Un devastador accidente ferroviario en Urda, provincia de Toledo, se cobró la vida de al menos 69 personas y dejó más de 180 heridos, 18 de ellos de extrema gravedad. El siniestro ocurrió a las 8:54 de la mañana en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre los municipios de Mora, Orgaz y Urda, cuando el tren AVE 2080 de Renfe embistió por detrás al tren Iryo 6076, que se encontraba detenido en la vía.
En ambos convoyes viajaban más de 500 pasajeros (397 en el AVE y 147 en la formación de Iryo). A raíz del impacto, ocurrido a una velocidad estimada superior a los 100 kilómetros por hora, dos vagones traseros del tren Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén. Entre las víctimas fatales confirmadas se encuentra la exministra española y actual presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez.
Un fallo operativo en el centro de control en la mira de la investigación
Las primeras averiguaciones judiciales y policiales centran la atención en las instrucciones emitidas desde la central de tráfico. La Unidad de Investigación de Accidentes y la Guardia Civil interrogan al operario del centro de control de Atocha que autorizó la marcha del tren de alta velocidad.
Según audios del centro de control revelados por el periódico El País y citados por Euronews, cinco minutos antes del impacto la maquinista del Iryo advirtió que su formación permanecía detenida por una falla de seguridad. Pese a esta alerta, un operador instruyó al conductor del AVE con la indicación: «Desconecte y vuelva a conectar y reanude con marcha normal». El protocolo obligatorio ante este tipo de fallas exigía marchar a una velocidad máxima de 40 km/h, restricción que no se aplicó.
Por decisión de la jueza a cargo de la causa, se restringió totalmente el acceso de personas no autorizadas al lugar del siniestro para proteger evidencias e indicios clave. El ministro de Transportes, Óscar Puente, tildó de «inexplicable» la instrucción otorgada al tren antes del choque.
Despliegue de emergencia y asistencia a los familiares
El Gobierno de España activó el nivel 2 del plan de emergencias y movilizó a la Unidad Militar de Emergencias (UME). El operativo cuenta con más de 250 militares y 85 medios técnicos, sumados a más de 400 efectivos de la Guardia Civil, ambulancias, helicópteros, drones y equipos caninos de búsqueda.
Para facilitar la identificación de las víctimas y la recolección de muestras de ADN, la Guardia Civil habilitó oficinas especiales para familiares en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo. Asimismo, las empresas ferroviarias activaron líneas telefónicas gratuitas de atención telefónica:
- Renfe: 900 10 10 20
- Iryo: 900 001 403
Debido a los daños estructurales y las pericias en el trazado, Renfe suspendió la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta el 13 de diciembre, mientras que la operadora Ouigo interrumpió sus servicios de manera temporal.
Antecedentes e impacto político
Este desastre constituye el segundo siniestro ferroviario de gravedad en España en lo que va del año, tras el accidente ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba), donde fallecieron 46 personas. La repetición de un episodio mortal en la red de alta velocidad reabrió un intenso debate sobre las medidas de seguridad y la gestión operativa de Adif y Renfe.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cancelaron sus actividades oficiales para trasladarse a la zona de la tragedia. Por su parte, el rey Felipe VI expresó sus condolencias y su apoyo a las familias afectadas desde Valencia antes de dirigirse al lugar de los hechos.
